¿Deben ir presos los enfermos mentales?

No hay condiciones para pacientes psiquiátricos acusados de crimen

El pasado 15 de agosto el país se escandalizó con la terrible noticia de que una madre había decapitado a su hija de seis años supuestamente motivada por una voz interna que la inducía a cometer el hecho.

Por el homicidio, a la doctora Ana Josefa García, primer teniente del Ejército Nacional, se le dictó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, a cumplir en la Cárcel Najayo Mujeres, pese a que su abogado alegó que padecía de esquizofrenia y a que el juez, que conoció el caso, ordenara una evaluación psiquiátrica.

Nada impidió, ni siquiera el Código Penal, que la mujer quedará tras las rejas donde lleva once largos meses.

La legislación vigente en su artículo 64 establece que “cuando al momento de cometer la acción el inculpado estuviese en estado de demencia, o cuando se hubiese visto violentado a ello por una fuerza a la cual no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito”.

Ahora, una historia similar se repite. Jean Andrés Pumarol Fernández es acusado de matar a una señora de 70 años y de herir con arma blanca a otras cinco personas, entre ellas su padre.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el condominio Dorado IV, ubicado en el ensanche Naco, Distrito Nacional. Según el reporte policial, el joven de 30 años tocaba las puertas de sus vecinos y luego los atacaba. Horas después la familia del victimario lamentó la situación y reveló que su pariente llevaba diez años padeciendo un trastorno mental.

Los últimos casos ponen en relieve la inobservancia de los protocolos y disposiciones cuando quien comete el delito o el crimen es un paciente psiquiátrico.

“Cuando se comprueba con evaluaciones médicas que la persona en cuestión es inimputable, tras comprobarse demencia o incapacidad para obrar, en lugar de una condena penal, aplica una medida de seguridad que consiste en el internamiento en un centro psiquiátrico que puede ser por un tiempo determinado o a consideración de los profesionales de la conducta para que finalmente pueda reinsertarse a la sociedad”.

Así lo explicó el abogado penalista Carlos Salcedo en una entrevista para elCaribe en momentos en que se discutía si Ana Josefa debía ir a la cárcel por el homicidio de su hija.

¿Y si en lugar de cárcel hubiesen ordenado recluirla en un centro psiquiátrico, el país tiene condiciones para eso?

A esta pregunta respondió el doctor José Miguel Gómez, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. “La República Dominicana tiene pendiente en la política pública de salud mental activar los centros de psiquiatría forense y las unidades de rehabilitación psicosocial en las cárceles”.

Según explicó, se trata de unidades especializadas que le sirven al Ministerio Público, al Estado y a la Policía Nacional para hacer diagnósticos temprano en personas que hayan cometido delitos y que tengan algún trastorno mental.

“Es decir, en 72 horas las unidades de psiquiatría forenses certifican o hacen un diagnóstico temprano sobre la condición de salud mental sobre el pronóstico y recomiendan todo lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico y el tratamiento de rehabilitación psicosocial”, subrayó el especialista.

Preguntado sobre el trato dado a Ana Josefa García, el doctor Gómez ve su caso como una deficiencia del sistema judicial, porque, según dijo, en el Inacif hay una unidad de psiquiatría forense, con psiquiatras forenses que trabajan para el Ministerio Público.

A su juicio se deben incorporar más psiquiatras y psicólogos para que esa unidad cumpla realmente con su deber y tenga el desempeño que la ciudadanía espera.

“Tienen que activar el protocolo de diagnóstico con las personas que tienen condición psiquiátrica, que están dentro del sistema penitenciario. Dado la burocracia, eso se limita en la República Dominicana. Hay que eficientizar todo lo que tiene que ver con la política pública de salud mental dentro de la justicia. Debe ser más operativo y funcional”, concluyó.

También enfatizó que faltan unidades de rehabilitación psicosocial para enfermos mentales que están en las cárceles, para enfermos que deambulan por las calles, para entrar a los programas de rehabilitación psicosocial.

“También tenemos pendiente la nueva ley general de salud que duerme y muere en el Congreso de la República”, deploró. El destacado psiquiatra destacó la relevancia de la promulgación de esa ley porque vendría aumentar el presupuesto para salud mental y a establecer la cobertura en la atención y tratamientos a pacientes psiquiátricos.

Además, falta priorizar y relanzar los programas de atención en salud mental a nivel nacional y de forma especializada en los pacientes que tienen trastorno por adicción, puntualizó.

El doctor Gómez ponderó como positivo la inauguración de un pabellón de salud mental en la cárcel de San Pedro de Macorís con capacidad para atender a 48 reclusos con trastornos psiquiátricos.

En dicha inauguración que tuvo lugar el pasado septiembre, el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, informó que aproximadamente a 450 reclusos diagnosticados con trastornos de salud mental cumplen penas en el sistema.

Sin embargo, dijo lo siguiente: “Es un contrasentido decir que estoy creando un pabellón psiquiátrico, porque cuando una persona tiene una condición psiquiátrica, es inimputable y no debería estar presa”, expresó.

En la actualidad hay cinco cárceles que cuentan con pabellones para atender a los privados de libertad con problemas mentales.

Estos funcionan en La Victoria, en Santo Domingo Norte; Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal; Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y El Pinito, La Vega.

Hace un llamado a las familias y al Congreso

El psiquiatra José Miguel Gómez hizo un llamado a la familia dominicana. “Todos los familiares que tengan un enfermo mental dentro de sus casas, que lo lleven a la consulta médica y que supervisen si se toman los medicamentos para mantener en condiciones estables a los pacientes que tienen una condición de enfermedad mental, que son enfermedades crónicas no curables, pero sí tratables”. Además, el expresidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatría exhortó a los legisladores a que prioricen la aprobación de la nueva ley de salud mental.