Se acaba el tiempo del lawfare

Santo Domingo.– A Donald Trump pretendieron derrotarlo antes de volver a ganar las elecciones atentando contra su vida y buscando inhabilitarlo en los tribunales.

Judicialización de la política: origen y expansión

Fracasaron como están fracasando en otros lugares del planeta los promotores del lawfare al que se le acaba el tiempo.

La USAID y sus programas tuvieron que ver mucho con esta moda de politiquería judicial que se extendió por el planeta. Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden fueron sus padrinos.

Mientras tanto, en la penumbra solemne de los tribunales europeos, donde las palabras se pronuncian con la gravedad de los dogmas y los expedientes se apilan como si fueran libros de una teología laica, comenzó hace tres décadas una historia que todavía no termina.

Fue una historia de fiscales que hablaban como cruzados, de partidos que se desmoronaban como catedrales de cartón, de pueblos que celebraban la caída de sus élites sin sospechar que, al hacerlo, abrían también la puerta a un nuevo poder: el de la justicia convertida en protagonista de la política.

Todo empezó en Italia, en aquellos días en que el nombre de Antonio Di Pietro sonaba como una trompeta de juicio final y los ciudadanos repetían "Mani Pulite" con la fe con que se repiten las oraciones aprendidas en la infancia.

Los viejos partidos de la Primera República, aquellos que habían nacido bajo la sombra protectora de la Guerra Fría, cayeron uno tras otro, como generales derrotados en una guerra que nadie había declarado.

La Democracia Cristiana, columna vertebral del sistema, se desvaneció como una reliquia que ya no podía sostener el peso de su propia historia. Y en ese derrumbe, la justicia adquirió un prestigio casi místico: era la espada que limpiaba la corrupción y la promesa de una nueva pureza republicana.

Lawfare y su impacto en América Latina

Pero la historia, como las mareas, nunca se detiene en el mismo puerto. Lo que en Italia fue visto como regeneración moral, en otros países se convirtió en una revelación peligrosa: el poder político podía ser demolido desde los tribunales.

No con tanques, no con golpes de Estado, sino con autos de procesamiento, filtraciones selectivas y titulares que hacían más daño que cualquier decreto. Y así comenzó un fenómeno que años después recibiría un nombre ambiguo y polémico: lawfare, la guerra jurídica, esa zona gris donde la justicia se mezcla con la política hasta que resulta imposible distinguir cuál de las dos conduce el proceso.

En América Latina, donde las democracias eran jóvenes y los partidos viejos, el eco italiano fue interpretado como una señal del destino.

Venezuela, que durante décadas había vivido bajo el pacto tácito de sus dos grandes partidos, vio cómo el sistema bipartidista se agrietaba desde adentro, fatigado por la crisis económica, el desgaste moral y el desencanto popular.

Algunos dirían después que los venezolanos imitaron a los italianos; otros, más prudentes, sostendrían que ambos países obedecieron a una misma fatalidad histórica: el derrumbe de las élites centristas que habían gobernado el mundo occidental desde la posguerra.

En Italia cayó la DC; en Venezuela se fue al abismo COPEI; en ambos casos, el vacío fue ocupado por liderazgos populistas, de izquierda o de derecha, que se presentaban como redentores de un sistema que ya nadie creía incorruptible.

Mientras tanto, en los salones discretos de la diplomacia y las agencias de cooperación internacional, se consolidaba otro proceso menos visible pero igualmente decisivo.

Durante treinta años, programas financiados por organismos occidentales —entre ellos la siempre influyente USAID— promovieron reformas judiciales, fortalecieron fiscalías, introdujeron sistemas acusatorios y formaron generaciones de jueces y fiscales convencidos de que su misión no era solo aplicar la ley, sino también limpiar la política.

Nadie firmó un documento que dijera: "vamos a judicializar la política mundial". No hacía falta. Bastaba con fortalecer el poder del Ministerio Público en sistemas políticos frágiles para que, tarde o temprano, los conflictos electorales terminaran resolviéndose en los tribunales.

Fue en ese clima donde ocurrió uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente: la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, dictada por el juez Sérgio Moro en el marco de la operación Lava Jato.

Para unos, se trató de la demostración de que la justicia podía alcanzar incluso a los líderes más poderosos; para otros, fue la prueba de que el derecho penal se había convertido en un arma capaz de alterar el curso de elecciones presidenciales y reconfigurar el mapa político de una nación entera.

La discusión sobre si hubo o no influencias externas, sobre si el clima geopolítico internacional favoreció ese proceso o simplemente lo acompañó, aún divide a juristas y politólogos, pero lo que nadie discute es que el episodio marcó un antes y un después en la relación entre justicia y política en el continente.

Sin embargo, la historia no se contentó con esa ironía. Cuando las élites globales se presentaban como guardianes de la moral institucional y promotores de la transparencia universal, estalló el escándalo de Jeffrey Epstein, que arrojó sobre ciertos círculos del gran capital una sombra tan espesa que ningún comunicado oficial pudo disiparla del todo.

De repente, quienes hablaban de gobernanza, ética y lucha contra la corrupción aparecían vinculados, al menos en la percepción pública, a redes de poder y privilegio que desmentían su autoridad moral.

No fue una prueba jurídica contra el sistema, pero sí un golpe simbólico devastador: el discurso de la pureza institucional comenzaba a sonar hueco cuando provenía de salones donde también habitaban escándalos éticos insondables.

Hoy, mientras Italia se prepara para decidir en las urnas una reforma de su magistratura y figuras provenientes del propio poder judicial, como Di Pietro y el ministro Carlo Nordio, se pronuncian a favor del "sí", el mundo parece cerrar un ciclo iniciado hace más de treinta años.

Aquella época en que los fiscales eran vistos como héroes incontestables empieza a mostrar sus límites; el péndulo histórico, que había oscilado hacia la supremacía judicial tras el descrédito de los partidos, comienza a moverse de regreso hacia la política democrática, en busca de un equilibrio que nunca llega del todo y nunca se pierde completamente.

La gran pregunta que flota sobre este tiempo no es si la judicialización de la política desaparecerá —porque no desaparecerá—, sino si las democracias lograrán domesticarla, integrarla en un sistema de controles y equilibrios que impida que la ley sea utilizada como espada partidista o como refugio de impunidades selectivas.

La justicia seguirá investigando la corrupción real, porque la corrupción real existe; los tribunales seguirán interviniendo en la vida pública, porque las sociedades contemporáneas desconfían de sus partidos y buscan en las instituciones técnicas una moral que la política ya no garantiza. Pero la fascinación casi religiosa por los fiscales salvadores, por los jueces providenciales capaces de redimir a las naciones, parece entrar en una etapa de fatiga histórica.

Quizá dentro de algunos años, cuando los historiadores miren hacia atrás con la serenidad que solo concede el tiempo, dirán que la era del lawfare no fue una conspiración universal ni una simple invención retórica, sino una consecuencia compleja de la globalización jurídica, del debilitamiento de los partidos tradicionales y de la ilusión de que la ley podía sustituir a la política como mecanismo de regeneración moral. Y entonces comprenderán que las consecuencias —esas consecuencias que hoy preocupan y dividen a tantos— fueron el precio inevitable de haber creído que la justicia, por sí sola, podía salvar a las democracias de sus propios pecados.

Porque las democracias, como los viejos imperios, no caen solo por la corrupción de sus élites ni se salvan solo por el celo de sus fiscales: sobreviven o perecen según la capacidad de equilibrar el poder, de contener los excesos de cada institución y de recordar, incluso en los momentos de mayor indignación moral, que ninguna espada judicial puede sustituir la lenta, imperfecta y siempre necesaria legitimidad de la voluntad popular expresada en las urnas.