Partidos Políticos: Instrumentos de transformación y voz ciudadana

Los partidos políticos son, en esencia, los instrumentos fundamentales que posee la ciudadanía en una democracia para ejercer su derecho constitucional a la libre asociación y a la participación política. A través de estas estructuras, los ciudadanos pueden articular intereses y posicionar sus ideologías en el debate público, con el fin último de alcanzar el poder, gobernar e impulsar las transformaciones sociales, económicas y políticas que reflejen la visión de país de sus militantes y simpatizantes. Son, por lo tanto, puentes esenciales entre el Estado y la sociedad.

El funcionamiento de los partidos se basa en un equilibrio dinámico de roles, ambos vitales para la salud del sistema:

En el Gobierno: La misión primordial es la ejecución efectiva del programa de gobierno a través de políticas públicas que devengan en la mejora sustancial de las condiciones materiales de existencia de la ciudadanía. Esto abarca desde la gestión macroeconómica hasta la provisión eficiente de servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad.

En la Oposición: El rol es dual: fiscalización constructiva y articulación de las demandas sociales. Su misión es ser la voz de aquellos segmentos del pueblo cuyas causas no son atendidas por el oficialismo. La oposición debe señalar las ineficiencias, proponer soluciones alternativas y, concomitantemente, movilizar a la ciudadanía en torno a estas causas, mostrando, además, su visión sobre cómo solucionar cada situación que aqueja a la sociedad.

Bajo esta óptica, acusar a la Fuerza del Pueblo (FP) de violar la ley electoral por convocar una manifestación pacífica en contra de los males que aquejan a la sociedad –como la carestía, la delincuencia o el deterioro de los servicios– es una profunda ignorancia del rol político que la Constitución les asigna a los partidos y un desconocimiento del Principio de Legalidad que rige el Estado de Derecho.

Este principio, en su aplicación a los ciudadanos y a los partidos políticos, se expresa como el Principio de Reserva o Autonomía de la Voluntad: «Todo lo que no está prohibido, está permitido.»

En una sociedad democrática, la libertad es la regla y la limitación es la excepción. La ley garantiza el ámbito de acción y movilización de los partidos de oposición, amparados en los derechos fundamentales a la libre expresión y a la reunión pacífica. Si la Ley Electoral o de Partidos Políticos no establece una prohibición expresa, clara y taxativa de que las manifestaciones pacíficas fuera del período de campaña formal son ilegales, entonces el Estado, a través de sus órganos como la JCE, no posee la facultad legal para censurarlas o intimidarlas.

Confundir el ejercicio de la crítica política con un acto de campaña es, en el mejor de los casos, una acción falaz. Las marchas y protestas, incluso las convocadas por partidos, son inherentes a la vida democrática en épocas no electorales. Por ejemplo, es una tradición internacional que partidos de corte progresista se manifiesten en días simbólicos como el Día Internacional del Trabajador (1 de Mayo) o el Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo), actos que son una forma de identidad política y de reivindicación, y nunca se interpretan como promoción electoral ilícita.

La queja proveniente de sectores del oficialismo y la posterior intimación de la JCE, quizás bajo presión, evidencian una actitud irresponsable y una desviación institucional por parte del órgano electoral.

La Fuerza del Pueblo logró un impacto tan significativo en su manifestación del pasado domingo que la única estrategia que se ha encontrado para restarle impacto, es alegar una supuesta ilegalidad. Esta táctica de descalificación por la vía legal es un intento desesperado por desviar el foco, ya que no se pueden negar las realidades incontrastables que motivaron la protesta, a saber:

Inflación y Carestía: Los productos básicos están «por las nubes», golpeando severamente el poder adquisitivo.

Seguridad Ciudadana: La delincuencia «nos consume», generando un clima de inseguridad y zozobra que el gobierno no ha logrado controlar.

Deterioro de Servicios: Los servicios básicos esenciales se han deteriorado.

Ralentización Económica: La economía nacional se frenó durante este año.

Las reacciones de los adversarios de la Fuerza del Pueblo no son una defensa de la ley, sino un reconocimiento indirecto de que la oposición ha logrado conectar exitosamente con el descontento popular, poniendo en evidencia la ineficacia de la gestión gubernamental en temas cruciales.