Robert Carrero: Incluir a políticos en la ley de lavado de activos permitiría rastrear y proteger el dinero público

Santo Domingo.– El director técnico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Robert Carrero, aseguró este martes que incluir a los políticos como sujetos obligados en la ley de lavado de activos permitiría mayor control sobre el financiamiento electoral y proteger los fondos públicos.

Durante su participación en la entrevista central del programa El Despertador, el especialista destacó que, aunque en República Dominicana los políticos aún no están incluidos como sujetos obligados, sí se realiza un escrutinio mayor a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) para detectar posibles flujos de dinero ilícito antes de acceder a cargos electivos.

Carrero explicó que muchos fondos que financian campañas pueden tener origen ilícito, y subrayó la importancia de cooperar con la Junta Central Electoral para supervisar la financiación de los partidos y garantizar transparencia.

"El objetivo es que todo el dinero que entre en el torrente financiero pueda ser rastreado y, si es ilícito, recuperado a favor del Estado o de las víctimas", afirmó.

El director de la UAF resaltó que los sujetos obligados, incluidos bancos, cooperativas, inmobiliarias y abogados con actividades específicas, deben cumplir con programas de cumplimiento, debida diligencia del cliente y reportes de operaciones sospechosas. Esta información llega a la UAF, que elabora informes de inteligencia para apoyar al Ministerio Público en la investigación de posibles delitos financieros.

Carrero también explicó que la UAF puede generar informes por iniciativa propia cuando detecta actividades sospechosas, sin esperar un reporte previo, fortaleciendo así el sistema de prevención y seguimiento.

"El proceso puede ser largo, porque requiere pruebas contundentes; ahora trabajamos con investigaciones altamente financieras, que implican miles de millones producto de delitos", indicó.

Otros puntos tratados en la entrevista

Cadena de procedimientos en investigaciones de lavado de activos

Carrero detalló que la ley 155-17 establece un régimen preventivo para los sujetos obligados, que incluye bancos, cooperativas, aseguradoras, inmobiliarias, dealers de vehículos, abogados con actividades específicas y casinos."Deben implementar programas de cumplimiento, realizar la debida diligencia de sus clientes y reportar operaciones sospechosas a la UAF, que elabora informes de inteligencia para apoyar al Ministerio Público en las investigaciones", explicó.

El director técnico de la UAF destacó que el proceso puede ser largo, debido a la necesidad de contar con pruebas contundentes, especialmente en delitos financieros de alto impacto que involucran grandes sumas de dinero.

Red flags y señales de alerta

Carrero hizo énfasis en la importancia de los red flags o señales de alerta, como operaciones inusuales o extremadamente atractivas, esquemas piramidales y comportamientos financieros sospechosos, que sirven para activar la reportería y el seguimiento por parte de los sujetos obligados y la UAF.

Informes espontáneos

La UAF puede generar informes por iniciativa propia, detectando transacciones sospechosas sin necesidad de un reporte previo, y remitíéndolos al Ministerio Público para investigación. En el último año se produjeron entre 70 y 80 informes espontáneos, según Carrero.

Evento de concienciación

El director de la UAF anunció el evento anual de concienciación por el Día Nacional contra la Prevención del Lavado de Activos, que se celebrará el 29 y 30 de octubre en el Hotel Silver Sun, Tiradentes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirigido principalmente a sujetos obligados y autoridades competentes.

También se podrá seguir en línea a través del portal de la UAF.

Sectores de mayor riesgo

Según la evaluación nacional de riesgo de la UAF:

Bajo riesgo: seguros.

Medio-alto riesgo: cooperativas, dealers de vehículos e inmobiliarias.

Medio riesgo: sector bancario y de valores, aunque con controles robustos.

Impacto del lavado de activos

Carrero citó estudios de la ONU, que estiman que aproximadamente 8% del PIB latinoamericano proviene de actividades ilícitas vinculadas a narcotráfico, corrupción, trata de personas y tráfico de armas, destacando la relevancia de fortalecer los mecanismos de prevención en el país.