La salud pública no puede ser un rehén laboral

El anuncio del Colegio Médico Dominicano (CMD) de convocar a un paro nacional de labores por 24 horas este martes 13 de octubre expone, una vez más, una profunda y dolorosa fractura en nuestro sistema sanitario. Bajo un pliego de demandas que abarca desde la exigencia del pago de incentivos por antigüedad y guardias en zonas como Samaná, hasta la crítica justa a la falta de planificación en intervenciones hospitalarias —como el indiscutible «desorden desbordante» que asfixia al Hospital Salvador B. Gautier—, el gremio médico opta nuevamente por la medida más radical y nociva.

Resulta incuestionable que la clase médica merece condiciones laborales dignas, infraestructura funcional, debido proceso legal en las investigaciones relacionadas con SeNaSa y una retribución justa a sus años de servicio. Sin embargo, el método utilizado para canalizar estos reclamos desvirtúa la legitimidad de su causa al castigar, sin contemplación, al eslabón más débil de la cadena: los sectores de menores ingresos.

Cuando las consultas externas se cierran y los procedimientos no urgentes se paralizan por un día, no sufren quienes tienen los recursos para acudir a una clínica privada o pagar un seguro complementario. Quienes pagan el costo de esta huelga son aquellos dominicanos que ahorran duramente para el pasaje desde comunidades remotas, los pacientes con enfermedades crónicas que ven pospuestas sus citas por meses, y los trabajadores informales que pierden un día de ingreso solo para encontrar las puertas del hospital cerradas.

El reclamo de apertura de nuevas plazas y la mejora hospitalaria pierden peso moral cuando la acción directa despoja preventiva e indiscriminadamente del derecho a la salud a la población vulnerable. Las autoridades gubernamentales deben, sin duda, sentarse a la mesa de diálogo con cronogramas claros y compromisos financieros viables para resolver los retrasos salariales y estructurales que denuncia el doctor Luis Alberto Peña Núñez. Pero el CMD debe entender que la salud no es un bien de cambio corporativo ni un mecanismo de presión negociable.

La dignidad laboral de los médicos no puede construirse sobre la vulneración del derecho a la vida y al bienestar de los más desposeídos. Es urgente buscar vías de solución que no impliquen bajar los brazos en las salas de atención pública.