Denuncian ejecuciones extrajudiciales en República Dominicana

Barahona, RD. – El abogado y comunicador José Corniell L. denunció que los denominados "intercambios de disparos" protagonizados por la Policía Nacional y el Dirección Central de Investigación (DICRIM) constituyen una "normalización de la pena de muerte por la vía de los hechos" en la República Dominicana.

De acuerdo con Corniell, estas acciones cuentan con el respaldo implícito del Gobierno y representan una violación flagrante a los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana, los cuales garantizan el debido proceso y la tutela judicial efectiva. El jurista enfatizó que la labor del cuerpo del orden debe limitarse al arresto y sometimiento de los sospechosos, y no a su exterminio.

Incapacidad estatal y causas estructurales

El denunciante calificó la actual estrategia de seguridad como una "política de exterminio" que evidencia la incapacidad del Estado para ofrecer soluciones reales a la delincuencia. Según sus declaraciones, la criminalidad actual es el resultado directo de décadas de desigualdad social, abandono institucional y el fracaso de políticas públicas orientadas al desarrollo.

Asimismo, Corniell comparó las medidas represivas vigentes con los planes aplicados desde la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, argumentando que la historia ha demostrado la ineficacia de la violencia estatal para reducir los índices delictivos. "La criminalidad no disminuye matando jóvenes; solo se transforma y se regenera porque sus causas profundas siguen intactas", puntualizó.

Crítica a la desigualdad judicial

En su pronunciamiento, el profesional cuestionó la reacción de un sector de la ciudadanía que aplaude las muertes de jóvenes de barrios vulnerables mientras, de forma paralela, mantiene su apoyo electoral a la clase política responsable de la falta de oportunidades y de educación en esas comunidades.

Finalmente, Corniell denunció la existencia de un doble rasero en el sistema de justicia y en la percepción social, donde se condena al delincuente común con la muerte, pero se protege bajo un manto de impunidad y aprobación al corrupto de "cuello blanco" que malversa fondos públicos. Ante este escenario, instó a las autoridades a combatir la inseguridad mediante políticas de empleo, reformas estructurales y un enfrentamiento directo a la corrupción desde los altos estamentos del Estado.