¿Gatillos alegres en la Policía Nacional?

Cada vez que un ciudadano pierde la vida a manos de un agente policial, la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la población recibe un nuevo golpe. Lo preocupante es que estos hechos ya no parecen ser casos aislados, sino una preocupante cadena de episodios que obliga a preguntarse si dentro de la Policía Nacional existe una peligrosa cultura del uso excesivo de la fuerza.

En lo que va de año, la lista de presuntos delincuentes abatidos en alegados intercambios de disparos supera la decena. Aunque algunos de esos casos pudieran estar justificados por la legítima defensa de los agentes, la frecuencia con que ocurren despierta dudas razonables y exige investigaciones independientes y transparentes que permitan establecer la verdad. En un Estado de derecho, ninguna muerte puede despacharse con un simple informe policial.

A esta realidad se suman otros episodios igual de alarmantes: agentes involucrados en feminicidios contra sus parejas o exparejas, ciudadanos muertos por confusiones, intervenciones policiales marcadas por la falta de tacto, el exceso de fuerza y la ausencia de protocolos adecuados para el manejo de situaciones de riesgo.

El caso más reciente, ocurrido en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste. de Herrera, en Santo Domingo Oeste, donde un joven Darlin Mercado Reyes de apenas 19 años perdió la vida durante una intervención policial, vuelve a colocar sobre la mesa la urgente necesidad de revisar los procedimientos de actuación de los miembros de la institución. Más allá de las circunstancias particulares que deberán ser esclarecidas por las investigaciones, ninguna muerte puede convertirse en una simple estadística.

La Policía Nacional ha sido objeto de un proceso de transformación y reforma durante los últimos años. Sin embargo, mientras continúen registrándose hechos de esta naturaleza, la ciudadanía tendrá razones para cuestionar si esos cambios realmente están llegando a las calles o si permanecen limitados a discursos, manuales y anuncios oficiales.

La autoridad se ejerce con firmeza, pero también con prudencia, preparación y respeto a los derechos humanos. Un policía entrenado sabe cuándo usar su arma y, sobre todo, cuándo no hacerlo. La función policial no consiste en eliminar sospechosos y mucho menos inocentes, sino en preservar la vida, garantizar la seguridad y poner a los presuntos infractores a disposición de la justicia.

Cada agente que actúa de manera irresponsable no solo compromete su responsabilidad individual; también deteriora la imagen de toda la institución y profundiza la desconfianza de una sociedad que reclama seguridad, pero nunca a costa de ejecuciones, abusos o errores fatales.

La reforma policial solo tendrá credibilidad cuando los excesos sean investigados con independencia, los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y el uso de la fuerza deje de ser la primera respuesta ante cualquier situación. Porque una institución armada que dispara antes de agotar otros recursos deja de inspirar confianza y comienza a generar temor. Y ese es un lujo que ninguna democracia puede permitirse.