El atropello y la quiebra de la garantía ciudadana

La inviolabilidad del domicilio no es un privilegio concedido por el azar; es una de las columnas vertebrales sobre las que se edifica un Estado de Derecho. Cuando esa columna se agrieta por la acción violenta, arbitraria e ilegal de quienes se suponen encargados de hacer cumplir la ley, la sociedad entera queda en un estado de vulnerabilidad absoluta. Lo ocurrido la madrugada de este jueves 4 de junio, coincidiendo irónicamente con la solemnidad del día de Corpus Christi, en una humilde vivienda paterna de Barahona, es un síntoma alarmante de un mal que no podemos permitir que eche raíces: la barbarie institucionalizada o el descaro del crimen disfrazado de autoridad.

Una incursión violenta, desprovista de las formas más elementales que exige el ordenamiento jurídico, interrumpió la paz de un hogar. Si nos ceñimos estrictamente a la legislación vigente, el Código Procesal Penal (Ley 76-02 y sus modificaciones) —particularmente en sus artículos 186 y 187— establece un protocolo inequívoco para los allanamientos:

Identificación y Competencia: Una orden judicial clara, emitida por un juez competente, especificando el motivo, el lugar exacto y las personas u objetos que se buscan.

Notificación y Formalidad: La exhibición y entrega de una copia de dicha orden a quien habite la morada, invitándole a presenciar el registro para garantizar la transparencia.

Nada de esto ocurrió. La ausencia de un fiscal visible en el escenario abre una disyuntiva igual de tenebrosa en cualquiera de sus dos vertientes: o se trató de una banda de delincuentes usurpando funciones policiales, o estamos ante supuestos agentes del orden actuando al margen de la ley. Si hubo un representante del Ministerio Público escondido en las sombras, su complicidad por omisión es aún más grave, pues su rol constitucional es ser el custodio de la legalidad, no el testigo mudo de un atropello.

El componente más aterrador de este episodio no fue solo la violación del espacio físico, sino la violencia verbal que rozó la tentativa de tragedia. Escuchar el grito de «¡Abaléenlo!» desde el exterior de una vivienda no es el proceder de un cuerpo del orden; es el modus operandi de una banda organizada que busca sembrar el terror.

Ante este escenario infame, la mirada pública se posa legítimamente sobre el doctor Wellington Matos Espinal, Procurador Fiscal Titular del Distrito Judicial de Barahona. Es su deber institucional, moral y ciudadano ordenar una investigación exhaustiva, inmediata y transparente sobre esta acción criminal. La sociedad barahonera necesita saber, con nombres y apellidos, quiénes irrumpieron en esa vivienda y bajo qué complicidades actuaron.

No podemos callar. Permitir que este atropello quede en el vacío o se diluya en la burocracia del olvido sería firmar un cheque en blanco a la impunidad. Ayer fue una humilde casa paterna; mañana puede ser el hogar de cualquier otro ciudadano. La justicia de Barahona está a prueba: o demuestra que la ley impera, o admite, por silencio, que las madrugadas le pertenecen a la delincuencia vestida de uniforme.