Ratifica condena de 20 años contra John Kelly Martínez en caso Esmeralda Richiez

San Pedro de Macorís, RD.– La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís confirmó la condena de 20 años de prisión impuesta al profesor John Kelly Martínez, hallado culpable en el proceso judicial relacionado con la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez, ocurrida en febrero de 2023 en el distrito municipal La Otra Banda, de Higüey.

La decisión fue emitida por un tribunal integrado por los jueces Ramón Báez Rodríguez, Kenia del Pilar Tavárez y Ramón Martínez, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado y ratificaron en todas sus partes la sentencia dictada en primera instancia.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Enrique Estévez de León, quien solicitó la confirmación de la pena impuesta por el Tribunal Colegiado de La Altagracia.

Además de la condena de prisión, la sentencia mantiene el pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor de los familiares de la víctima, así como una multa de 200 mil pesos en beneficio del Estado dominicano.

El fallo ratifica la decisión emitida el 14 de marzo de 2024, cuando el Tribunal Colegiado de La Altagracia acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público y concluyó que el docente incumplió su deber de cuidado y protección hacia la menor.

Según el expediente acusatorio, el 12 de febrero de 2023 Esmeralda Richiez, de 16 años, salió de su residencia en compañía del profesor y otras personas. Horas más tarde regresó a su vivienda en estado crítico y posteriormente falleció.

El Ministerio Público sostuvo que Martínez incurrió en violaciones a varias disposiciones del Código Penal Dominicano, así como de la Ley 136-03 para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Con la decisión de la Corte de Apelación, queda ratificada la pena que deberá cumplir el condenado en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey.

El caso de Esmeralda Richiez generó gran atención pública y abrió un amplio debate nacional sobre la protección de menores y la responsabilidad de los adultos en entornos educativos.