Salud mental: el grito silencioso que amenaza la seguridad social

Es una crisis estructural, profunda y no tratada como política de Estado, un problema que se sigue ignorando

En los titulares del mundo y de República Dominicana cada vez resuena más un eco inquietante: violencia irracional, suicidios inexplicables, crímenes pasionales atroces, tragedias familiares que parecen sacadas de una novela distópica.

Pero detrás del morbo mediático y las cifras alarmantes, hay un denominador común que sigue siendo ignorado o, en el mejor de los casos, subestimado: una crisis de salud mental estructural, profunda y no tratada como política de Estado.

Más que una serie de eventos aislados, la salud mental hoy representa una emergencia mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que una de cada cuatro personas padecerá un trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, esta realidad no ha logrado aún mover la aguja de la inversión pública: menos del 3 % del presupuesto sanitario en el mundo se destina a salud mental, y en países como República Dominicana, esa cifra no supera ni siquiera el 1 %.

La tragedia no es individual, es colectiva

En el país, los recientes casos estremecen: Jean Andrés Pumarol, presuntamente en una crisis psicótica, asesina a una señora de 70 años y hiere a varias personas más en un edificio de Naco. Génesis Lugo se lanza de un cuarto piso junto a su hija de cinco años. Ana Josefa García Cuello, médico militar, decapita a su hija de seis años. Un teniente del Ejército asesina a su pareja y a su suegra. Y así, una cadena interminable de horrores, a veces explicados por celos, deudas o rabia, pero que en realidad esconden trastornos no diagnosticados, no tratados, no comprendidos.

Casos como estos no son exclusividad dominicana. En julio de este año, en pleno Midtown Manhattan, Shane Devon Tamura disparó con un rifle semiautomático dentro de un edificio de oficinas, mató a cuatro personas y luego se suicidó. ¿El trasfondo? Trauma cerebral y una condición mental ignorada.

La salud mental, entonces, no es solo un problema clínico ni un asunto personal: es un tema de seguridad pública, de cohesión social, de supervivencia colectiva.

Bbomba de tiempo sin manual

Como señala la psiquiatra forense dominicana Katty Gisselle Gómez, menos del 6 % de quienes padecen trastornos mentales desarrollan conductas violentas. Pero cuando esos casos no reciben atención, y se combinan con factores como el consumo de sustancias, aislamiento, pobreza o traumas no tratados, el resultado puede ser devastador.

A esto se suma el estigma, al que la doctora Gómez llama “el cáncer de la salud mental”. Pensar que “eso les pasa a los débiles” o que “ir al psiquiatra es cosa de locos” sigue siendo parte del discurso familiar, comunitario e incluso institucional. Y mientras tanto, el cerebro —ese órgano que lo coordina todo— es dejado a su suerte, sin chequeos, sin cobertura adecuada en las ARS, sin campañas de educación emocional desde la infancia.

¿Cuánto cuesta no hacer nada?

Los tratamientos para enfermedades mentales son costosos. Una paciente con trastorno bipolar puede gastar entre RD$30,000 y RD$50,000 mensuales solo en medicamentos. Pero el costo real de la inacción es mayor: pérdida de vidas, destrucción familiar, sobrecarga del sistema judicial, saturación de cárceles, violencia sin control.

Las cárceles dominicanas albergan a miles de personas con trastornos mentales no diagnosticados. Las calles, también. Las escuelas, los cuarteles, los hogares… El problema no está recluido en un hospital psiquiátrico: está entre nosotros.

¿Y el Estado? ¿Y la sociedad?

Algunos esfuerzos existen, como talleres de la Unesco sobre inteligencia emocional o programas penitenciarios limitados. Pero no alcanzan. No tocan la raíz. No rompen el paradigma.

República Dominicana necesita un sistema de salud mental robusto, accesible, continuo y descentralizado. Necesita formación especializada, psiquiatras forenses en el Ministerio Público, psicólogos comunitarios en cada barrio, programas escolares que enseñen a identificar ansiedad, depresión o agresividad en niños desde los 5 años.

Y necesita algo más: hogares emocionalmente alfabetizados, donde no se minimice el “mal humor constante” de un adolescente o el “silencio raro” de una madre. Porque esos son los primeros síntomas del abismo.

Cada uno de estos casos tiene un rostro, una historia, una comunidad impactada. La violencia doméstica, el feminicidio, los suicidios in.fantiles no son estadísticas. Son espejos rotos de una sociedad que no escucha, que no previene, que no invierte en lo invisible.

Lo más grave es que estos hechos seguirán ocurriendo, y con mayor frecuencia, si seguimos tratando la salud mental como una anécdota clínica y no como una política de seguridad nacional y de bienestar ciudadano.

El llamado es dual y urgente

Al Estado: financiamiento real, inclusión en la seguridad social, atención primaria con salud mental integrada, campañas de alfabetización emocional, presencia institucional en barrios y escuelas, y protocolos de intervención desde las fuerzas del orden hasta el sistema penitenciario.

A la sociedad: dejar de juzgar, escuchar sin minimizar, hablar sin miedo, buscar ayuda sin vergüenza.

Comprender que salud mental no es debilidad: es salud. Porque si no lo hacemos, cada tragedia que ignoramos se convertirá en otra antesala del caos. Y la salud mental seguirá siendo el grito silencioso que nadie quiere oír… hasta que estalle.