CNDH alerta sobre crisis ambiental, violencia de género e injusticia penitenciaria

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte y Hermanas Mirabal realizó una declaración conjunta sobre varias problemáticas que vive la República Dominicana, las cuales exigen que se les preste atención.

Declaración

Nosotros, los presidentes de las filiales provinciales y municipales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte y Hermanas Mirabal y sus municipios, reunidos en la ciudad de San Francisco de Macorís en el marco del Precongreso Regional Nordeste, luego de amplios debates y reflexiones en torno a la situación de los derechos humanos en nuestras comunidades, declaramos lo siguiente:

- Denunciamos y rechazamos las graves violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente provocadas por la expansión descontrolada de actividades mineras en nuestra región. Estas operaciones han causado daños irreparables a los ecosistemas, fuentes hídricas, la salud de las comunidades y los medios de vida rurales, afectando particularmente a sectores vulnerables.

- Señalamos la negligencia e inefectividad del Estado dominicano en el cumplimiento de su deber constitucional y legal de preservar los recursos naturales, en especial los recursos forestales e hídricos en la Cordillera Septentrional, uno de los patrimonios ecológicos más importantes del país. Las omisiones del Estado, tanto como sus acciones, constituyen una forma de violación de los derechos humanos al atentar contra la vida, la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas.

- Expresamos nuestra profunda preocupación ante la posible aprobación de un nuevo Código Penal regresivo, que atenta gravemente contra los derechos de las mujeres, de las niñas y niños y adolescentes, y que representa un retroceso inadmisible en materia de derechos, equidad y justicia social. Hacemos un llamado al Presidente de la República a que no promulgue esta ignominia jurídica y a no ceder frente a presiones retrógradas.

- Denunciamos la crítica situación del sistema penitenciario, marcado por la sobrepoblación carcelaria, condiciones inhumanas, falta de atención integral y ausencia de políticas efectivas de reinserción social. Exigimos reformas estructurales urgentes que garanticen un trato digno a las personas privadas de libertad, en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

- Denunciamos la persistente violencia de género en nuestras comunidades y la escasa atención que recibe este grave flagelo. Manifestamos nuestra preocupación por la manera ligera e insensible con que, en muchos casos, el sistema judicial trata las denuncias de agresión contra mujeres, permitiendo la libertad de agresores mediante la simple aplicación de garantías económicas, incluso en situaciones de extrema gravedad. Esta práctica no solo revictimiza a las sobrevivientes, sino que perpetúa la impunidad y el ciclo de violencia.

- Reafirmamos nuestro compromiso como defensores y defensoras de los derechos humanos, acompañando a nuestras comunidades en sus luchas, visibilizando las injusticias y exigiendo una respuesta institucional coherente, justa y respetuosa de la dignidad humana.

Esta declaración es un llamado a la conciencia pública, a las autoridades nacionales y locales, y a la sociedad civil organizada para construir una región donde se respete la vida, la dignidad, el medio ambiente y los derechos fundamentales de todas las personas.