Cladem-RD: 68 mujeres sometidas a justicia por abortar

Entre 2016 y 2023, 68 mujeres fueron procesadas por aborto en la República Dominicana, revela un informe realizado por Cladem-RD

Entre 2016 y 2023, 68 mujeres fueron procesadas por aborto en la República Dominicana, revela el informe realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-RD).

El informe relata que en cuatro casos analizados, todas terminaron arrestadas sin garantías, incluso hospitalizadas y que la información médica se usó en su contra sin orden judicial, violando su intimidad y derechos.

Las cuatro mujeres estudiadas son madres, pobres, con trabajos precarios y una de ellas migrante haitiana, víctima de violencia obstétrica y discriminación racial. En un caso, sus hijos terminaron en hogares de acogida mientras ella estaba en prisión preventiva.

El estudio forma parte de la iniciativa regional “Podría ser yo, por una salud sin miedos”, que tiene como objetivo documentar, desde un enfoque interseccional, cómo los procesos penales por aborto y otros eventos obstétricos vulneran derechos humanos y garantías procesales en seis países de Latinoamérica y el Caribe: Chile, Brasil, Guatemala, Perú, República Dominicana, y Uruguay.

“Este no es un informe más. Es un llamado urgente a que se elimine el delito de aborto en la legislación dominicana y se regule desde el sistema de salud. Sólo así podremos empezar a frenar la violencia institucional que recae sobre las más vulnerables”, subraya Cladem-RD.

Hallazgos

La organización convoca a las feministas a seguir articulando estrategias para exigir un sistema de salud libre de miedo y un Estado que respete los derechos.

En el desarrollo de la investigación, no fue posible localizar datos estadísticos sobre persecución y judicialización del aborto en la República Dominicana, durante todo el período 2012-2022. No obstante, a través de la recopilación de información mediante quince solicitudes de información a instituciones estatales, revisión de bases de datos de jurisprudencia, 9 notas periodísticas relacionadas con aborto y la realización de 23 entrevistas, se encontró que, entre los años 2016 y 2023, la Procuraduría General de la República registró 68 casos.

El dato

Dos de los cuatro casos estudiados iniciaron por una denuncia interpuesta por un centro de salud, los otros dos por una denuncia pública en medios digitales, y una denuncia interpuesta por una tercera persona ante la fiscalía de Niños Niñas y Adolescentes (NNA).

Todas terminaron arrestadas de inmediato, sin que mediara un plazo entre la denuncia y el arresto que permitiera una correcta valoración de los hechos.

Entre los años 2016 y 2018, el Poder Judicial dio entrada a 33 casos y salida a 32 casos donde el Ministerio Público solicitó una medida de coerción por supuesta violación al artículo 317 del Código Penal sobre aborto.

En tanto que en el período 2016-2019 entraron a tribunales penales de primera instancia, 22 casos que contienen violación al tipo penal aborto (art. 317), y salida a 14 casos.

“A partir de estos datos del Poder Judicial, es posible inferir que el Ministerio Público actúa y pone la acción penal en marcha en más del 50% de los casos de aborto que llegan a su conocimiento”, relata el informe.