Sectores respaldan decisión Abinader devolver Ley 225-20
Diferentes entidades sociales, empresariales y productivas saludaron la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de observar las modificaciones realizadas por el Congreso Nacional a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20.
La medida fue interpretada por las entidades como un gesto de apertura al diálogo, sensibilidad social y compromiso con la sostenibilidad ambiental y económica del país.
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), mediante una rueda de prensa encabezada por su presidente, Fernando Pinales, expresó su firme y respetuoso respaldo al mandatario, destacando que la observación presidencial responde a los reclamos de múltiples sectores, incluido el de las mipymes, que identificaron debilidades sustanciales en la ley tal como fue modificada.
“Esta decisión representa un ejercicio responsable de gobernanza y sensibilidad hacia el desarrollo sostenible y la realidad económica de miles de pequeñas y medianas empresas del país”, afirmó Pinales.
Codopyme también exhortó al Congreso Nacional a que, en el proceso de revisión de esta normativa, se escuchen e integren las opiniones de los sectores productivos, ambientales, sociales y comunitarios, con el fin de construir una legislación equilibrada, inclusiva y técnicamente viable.
Evidencia compromiso del presidente
De igual manera, una coalición de gremios del sector turístico y hotelero de la República Dominicana expresó su apoyo al presidente Abinader por su disposición a revisar el proyecto.
“Valoramos profundamente esta apertura al diálogo, que evidencia su compromiso con una gestión ambiental responsable y la sostenibilidad del desarrollo turístico”, señaló el grupo en un comunicado.
La coalición, integrada por Asonahores, Adeti, Aderes, Adecor, Advit, Asoleste, Ashoresa, AHRB, AHSD, Ahetsa, Adopetur, Ashonorte y Promiches, indicó que está convencida de que un análisis técnico y participativo permitirá construir una legislación que respalde los objetivos de sostenibilidad, fomente la competitividad y asegure una gestión de residuos alineada con los más altos estándares internacionales.
En ese mismo orden, la Asociación de Empresas Distribuidoras de Combustibles a Domicilio (Adecom) valoró la observación presidencial como una oportunidad para un diálogo más profundo y equilibrado entre el Gobierno y los sectores afectados.
“Compartimos la necesidad de mejorar la gestión ambiental, pero advertimos que la normativa propuesta afectaría gravemente a nuestro sector, que ya opera bajo márgenes de ganancia regulados por el Estado”, señalaron.
Por su parte, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de GLP (Asopymegas) consideró que la acción del Ejecutivo abre el camino hacia una revisión más justa, técnica y consensuada de una normativa que, en su forma actual, representa una amenaza directa para la sostenibilidad de cientos de estaciones de expendio de combustibles.
“Somos en su mayoría pequeñas y medianas empresas con márgenes mínimos regulados. No tenemos capacidad para asumir las nuevas cargas económicas que implicaría esta ley. Pedimos que se garantice nuestra participación en el proceso de revisión”, indicó la entidad en un comunicado.
Presidente observará la rechazada ley 225-20
El pasado lunes, el presidente Luis Abinader informó que observará las modificaciones que hizo el Congreso a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, 225-20. Sin embargo, el mandatario aclaró que el proyecto aún no ha sido enviado al Poder Ejecutivo.
“Todavía a nosotros no nos ha llegado formalmente la Ley y esperamos que nos llegue en los próximos días; pero hay muchos cuestionamientos, incluso Procompetencia, también nos ha enviado varios informes de situaciones y cuestiones que tienen que corregirse en la Ley; la Ley tiene que corregirse y le puedo decir que vamos a atender esas observaciones y la vamos a reenviar con observaciones al Congreso”, expuso al responder una pregunta en el marco de LA Semanal en el Palacio Nacional.
El mandatario explicó que esta acción forma parte de las facultades del Poder Ejecutivo para asegurar la calidad y legalidad de las normativas.
El jefe de Estado agregó que la medida busca disipar las preocupaciones expresadas por diputados, empresarios y otros sectores de la sociedad sobre el impacto y la viabilidad de la legislación que modifica la Ley 225-20 sobre Residuos Sólidos.



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