La República Dominicana disfruta de un régimen político democrático, con varias imperfecciones importantes, sin duda, pero preferible por mucho a los regímenes autoritarios que oscurecen nuestra historia. Lo mismo sucede con otros países de la región latinoamericana y del mundo. A pesar de algunos evidentes retrocesos, diversas naciones han podido dejar atrás, aunque con limitaciones, etapas despóticas, y avanzar en la construcción de sistemas representativos de la voluntad popular.
Pero a pesar de las evidentes bondades que la democracia trae consigo, se han venido debatiendo las implicaciones económicas de las transiciones desde gobiernos autoritarios a esquemas políticos democráticos, paradójicamente en especial en relación con las inversiones públicas.
Dado que en condiciones en las que predominan estructuras políticas autoritarias los gobiernos suelen ser menos receptivos a las necesidades y demandas de la población, es de esperar que en sus decisiones den preferencia a la participación de las inversiones en infraestructura económica dentro del gasto total, así como a clases de gastos distintos a los de tipo social.
Al ser menos susceptibles a las presiones potenciales de la población en cuanto a servicios públicos y programas de ayuda humanitaria, se supone que disponen de una mayor flexibilidad para invertir en obras de diferentes tipos. Dos economistas japoneses, G. Kotera y K. Okada, se propusieron determinar si esa conclusión era válida.
Siguiendo la evolución política de 125 países durante más de treinta años, relacionaron los cambios en el tipo de régimen con la magnitud y composición de los gastos estatales. Un hallazgo algo sorprendente fue que no encontraron una conexión significativa entre la democratización y el monto total de los gastos públicos, incluyendo las inversiones.
Por el contrario, sin embargo, sí pudieron detectar efectos significativos sobre la composición de dichos gastos. Entre sus hallazgos figura que los desplazamientos hacia la democracia tienden a provocar disminuciones en los gastos militares, y aumentos en los gastos sociales, particularmente los de salud, sin necesariamente perjudicar el monto invertido.
Ese resultado, no obstante, no coincide con los de otros investigadores que han estudiado dichos procesos. Algunos de ellos han reportado casos en los que han ocurrido descensos iniciales en las inversiones en infraestructura económica luego de la democratización, pero puede tratarse de efectos temporales que desaparecen cierto tiempo después. Más significativo puede ser el efecto de la composición de las fuerzas sociales que inciden sobre las decisiones gubernamentales.
Si prevalece el criterio del estado benefactor, los gastos corrientes y la carga financiera tienden a ocupar el espacio antes otorgado a las inversiones reproductivas.
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