Empresarios dominicanos expresan posiciones divididas ante modificaciones a la Ley de residuos sólidos
Santo Domingo, República Dominicana – La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en segunda lectura la modificación a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos, un proyecto que ahora se dirige al Senado para su revisión final. Esta modificación ha generado un debate intenso y posturas divididas dentro del sector empresarial, con algunos valorando los avances y otros advirtiendo sobre posibles efectos negativos significativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, valoró el esfuerzo legislativo, aunque solicitó una evaluación objetiva del texto aprobado para comprender plenamente sus impactos. Dargam recordó que la ley original fue resultado de un amplio proceso multisectorial que estableció las bases para la sostenibilidad.
En sintonía con el Conep, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) reiteró su preocupación por particularidades del proyecto que, en el contexto actual, amenazan la competitividad del país y la sostenibilidad de sectores productivos clave como las zonas francas. Adozona advirtió que el incremento desproporcionado de tarifas y costos de cumplimiento podría distorsionar el clima de inversión y desincentivar las inversiones privadas en sostenibilidad y protección ambiental.
Por otro lado, la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (Adiplast) destacó la apertura al diálogo durante la discusión en la Cámara de Diputados. José María Munné, director ejecutivo de Adiplast, mencionó avances importantes en la propuesta, incluyendo la incorporación del ecodiseño, el uso de resina reciclada, la regulación del foam no biodegradable y el fortalecimiento de la responsabilidad extendida del productor. La industria del plástico reafirmó su compromiso con la adopción de buenas prácticas.
Preocupaciones por el Impacto Económico y Contribuciones Desproporcionadas
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) también valoró el diálogo, pero manifestó una «profunda preocupación» por lo que considera un aumento desproporcionado en la contribución especial que pagaría el sector. Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, señaló que los montos aprobados siguen siendo excesivos y que no se ha explicado el razonamiento detrás de estos cálculos. La AIRD propuso que fondos públicos de entidades con objetivos similares al Fideicomiso DO Sostenible, como ECO5RD (creada por Decreto 28-23), sean incluidos en la ecuación.
Los diputados redujeron los montos de las contribuciones en comparación con la propuesta inicial del Senado, pero las quejas persisten. Las empresas con ingresos de hasta un millón de pesos pagarían 3,000 pesos; las que ganen hasta 10 millones, 6,000 pesos. Las que reporten hasta 25 millones, una cuota de 20,000 pesos; y las que superen los 100 millones, 675,000 pesos. La AIRD confía en que el diálogo en el Senado continuará de forma transparente, permitiendo nuevos ajustes y la resolución de contradicciones con las mejores prácticas internacionales de gestión de residuos, así como aspectos anticompetitivos señalados por la Comisión de Defensa de la Competencia.
Codopyme Alerta: Amenaza «Letal» para las Mipymes
En un tono mucho más crítico, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) emitió una fuerte advertencia, calificando la ley tal como está redactada como una «amenaza directa y letal» para la sostenibilidad de más de un millón de mipymes. Codopyme denuncia que el proyecto impone cargas económicas excesivas, fomenta monopolios en la gestión de residuos y excluye a las mipymes de los procesos de decisión sobre fondos públicos que ellas mismas financiarán.
La organización cuestionó el aumento desproporcionado de la contribución especial sin estudios técnicos ni consideración de la capacidad de pago del sector, ignorando la Ley 187-17 de clasificación empresarial y prohibiendo la autogestión de residuos por parte de pequeñas empresas. También criticó la creación de un fideicomiso público controlado por operadores privados sin representación mipyme, y la imposición de un único relleno sanitario por provincia y una sola planta de valorización por región, prácticas que, según Codopyme, promueven monopolios perjudiciales para los pequeños actores.
Codopyme declaró que «esto no es una mejora técnica: es una embestida económica», y advirtió al Congreso que, de aprobarse el proyecto en su forma actual, firmará la sentencia de quiebra para miles de pymes que ya operan bajo condiciones adversas.
La confederación reiteró su disposición al diálogo, pero afirmó que no respaldará ninguna legislación que excluya a las mipymes o que no contemple una estructura de costos proporcional y realista, enfatizando que «no puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica».
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