"En los ingenios hay una molienda humana" dicen cañeros

Por Betty Matos.- 

Barahona.- Los trabajadores del sector cañero se sienten desamparados por las condiciones que tienen que librar ante la falta de un seguro médico y la asignación de una a pensión al final de su vida útil como trabajadores.

El coordinador del Movimiento Cañero, Jesús Núñez, señaló que a base de movimiento y protesta cada lunes, los trabajadores del sector cañero, que residen en los bateyes de las zonas cañeras del país, realizan una protesta para llamar la atención del Gobierno, sobre su situación. 

Expresó que la ley dice que los ciudadanos tienen derecho de una pensión después de cumplir la edad de 63 años “más sin embargo resulta que cuando son reclamados esos derechos, es más grande la lucha que cogen, que lo que pueden conseguir”, manifestó, luego de agregar que el Estado dominicano viene ganándole la batalla al sector cañero por que son miles de trabajadores que se mueren sin poder lograr su jubilación. 

Agregó que no solo es la falta de su retiro como trabajadores “si no que desde que un cañero picó la primera caña, ya debe tener el derecho de un seguro médico, ya que tienen problemas en las asistencias medicas porque se le exige un carne que no tiene, sin embargo se le hace el descuento”. 

Núñez dijo, que la salud es un derecho universal y no puede estar privatizado para este tipo de sector ya que son los que más sufren ese tipo de condición infrahumana. 

Mencionó que el problema es que no se quieren reconocer los derechos que tienen, ya que los trabajadores están regularizados, porque a ningún trabajador que no este legal se le puede descontar un Seguro Social y a todos se le hizo el descuento desde que llenaron el contrato entre, Haití y la República Dominicana y “con esos documentos que ellos tenían declararon a sus hijos”. 

Expresó que no solo el ingenio hace la molienda de caña, que también hubo hay una demolición humana, en el sentido de que en los bateyes, los cañeros están viejos, enfermos y sin condición social que es una obligación a los derechos humanos. 

Exigen al Gobierno que respete el derecho adquirido por esos trabajadores que por más de 50 años han trabajando en el sector azucarero.