Embarga apartamentos, villas, casas y fábricas a Félix Bautista
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República embargó numerosos bienes
inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L, de la que
el senador Félix Bautista es accionista, y en la que también participan
terceros adquirientes.
Las oposiciones
inscritas a solicitud del procurador Francisco Domínguez Brito, alcanzan
apartamentos, villas en Casa de Campo, casas, solares y fábricas de
asfalto, como parte de una investigación que lleva a cabo la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA) en contra del legislador.
Las acciones reales
fueron trabadas en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San
Pedro de Macorís, Santiago y Nagua. Entre los bienes se encuentran 40
edificios de ocho apartamentos cada uno, una torre de 16 niveles y otra
de 14.
En total, la lista
sobrepasa los 100 bienes inmuebles en distintas partes del país. Con el
propósito de recuperar las propiedades, Bautista, senador por San Juan y
secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), interpuso por ante la Suprema Corte de Justicia (SJC) una
solicitud de levantamiento de oposiciones.
En un escrito depositado
por su abogado, Juan Antonio Delgado, pide a la SCJ librar acta de que
el impetrante apodera a la presidencia del tribunal, a los fines de que
designe, al amparo de las disposiciones establecidas en el artículo 379
del Código Procesal Penal, un juez de la Instrucción Especial.
El propósito es que
conozca, como juez de control o de resolución de peticiones, sobre la
solicitud de levantamiento de oposiciones trabadas -a su parecer- “de
manera ilegal o inconstitucional contra numerosos inmuebles propiedad de
la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L; en la cual el senador Félix
Bautista es accionista, así como de terceros adquirientes”.
Mediante auto
No.71-2014, el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, designó a
Frank Soto Sánchez, como juez de la Instrucción Especial para conocer de
la petición.
En marzo de este año, el
también secretario de Organización del PLD intimó mediante acto de
alguacil al Procurador, con el propósito de que le comunique el
contenido de las pruebas que conforman el expediente sobre el cual es
llevada una investigación de acción penal pública en su contra.
El legislador y su
abogado, manifestaron su sorpresa por la citación de que fue objeto para
ser interrogado, argumentando que son los mismos hechos relacionados
con una investigación que hizo el Ministerio Público, y que culminó con
el auto 03093, emitido por el director de la entonces DPCA, Hotoniel
Bonilla, el 13 de agosto del 2012.






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