Dice procede deportar a ilegales con conducta antisocial

Santo Domingo.- El diputado FNP Lic. Vinicio Castillo Semán solicita al Ministerio de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Interior y Policía y a los servicios de seguridad del Estado la incautación inmediata de armas de fuego en poder de haitianos ilegales, por considerar que es un tema de seguridad nacional.

“Las versiones de periodistas que presenciaron los hechos violentos ocurridos el pasado sábado en el barrio 27 de Febrero señalan la existencia de armas de fuego cortas y largas en manos de haitianos ilegales, lo que representa un hecho gravísimo que los organismos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Interior y Policía no pueden permitir ni pasar por alto.”

“Igualmente, lo testimonios de periodistas agredidos consignan que la llegada al lugar de los hechos de un ciudadano haitiano no identificado, que pareció ser el líder de los haitianos enardeció la actitud de rebelión de cientos de haitianos contra la Policía Nacional y los miembros del Inacif que acudieron a levantar el cadáver del ciudadano haitiano muerto en un incidente que está siendo investigado por las autoridades, lo que indica la existencia de una organización de esa comunidad haitiana.”

“Estos hechos de rebeldía violenta frente a la autoridad se producen en momentos en los que por primera vez en la historia republicana miles de haitianos ilegales se manifestaron en las calles de Santo Domingo frente a su Embajada, reclamando documentación de identidad civil de su país para acogerse al Plan Nacional de Regularización que lleva a cabo el gobierno dominicano.”

“Tenemos informes de que se prepara una manifestación multitudinaria de ilegales haitianos frente al Palacio Nacional a finales de mes; las Fuerzas Armadas, Interior y Policía y los servicios de seguridad tienen que indagar quienes están financiando la organización y movilización de ilegales haitianos en el país, lo que potencialmente puede convertirse en una seria amenaza de orden público interno y de la seguridad nacional del país.”

“Las autoridades están en la obligación constitucional y legal, no sólo de incautar las armas de fuego en manos de ilegales, sino de deportar a todo aquél ciudadano haitiano o de cualquier otra nacionalidad que esté ilegalmente en el país y que pueda tener una conducta delictiva o de irrespeto al orden público y a las leyes de la República Dominicana.  El decreto 327-14 que instituye el Plan de Regularización, sólo impide la deportación (mientras dure el Plan) a favor de  aquellos ciudadanos que se hayan acogido al mismo y que tengan una conducta correcta en el territorio de la República Dominicana.  La Ley de Migración no ha sido abolida; y es un derecho soberano de la República Dominicana repatriar a los indeseables a su país de origen.”