Es hora de detener la violencia institucional

La principal responsabilidad de la Policía Nacional es proteger la vida y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, cuando las intervenciones policiales terminan sistemáticamente en muertes bajo el argumento recurrente de "intercambios de disparos", la confianza en la institución se quiebra por completo.

No se puede combatir la delincuencia al margen de la ley. Las ejecuciones extrajudiciales no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que destruyen el debido proceso y degradan el Estado de derecho. La justicia no se aplica con el gatillo fácil, sino a través de los tribunales.

Para recuperar el orden y la seguridad real, es urgente detener de inmediato estos abusos de poder. La Policía Nacional necesita una reforma profunda que priorice la formación en derechos humanos, la rendición de cuentas y la transparencia.

Una sociedad democrática no puede tolerar que quienes deben cuidarnos se conviertan en juez y ejecutor.