Denuncian operativos ilegales y atropellos en comunidades bateyeras de la Región Enriquillo.

Por: Santos Salvador-

Barahona, RD.-​Promotores de Derechos Humanos denunciaron la continuidad de los operativos forzosos de interdicción por parte de la Dirección General de Migración y el Ejército de la República Dominicana en comunidades bateyeras de Barahona, Bahoruco e Independencia.

Según los reportes, las autoridades ingresan de noche y de madrugada destruyendo puertas y deteniendo a personas sin la presencia del Ministerio Público ni una orden judicial.

Las denuncias indican además que agentes y militares aprovechan para maltratar y saquear pertenencias como dinero y celulares, arrestando indiscriminadamente a migrantes en condición irregular, regulados y a ciudadanos dominicanos con sus documentos en mano.

​Un caso concreto ocurrió a las 2:30 de la madrugada del viernes 17 de julio en la comunidad de Batey #7, municipio de Cristóbal, donde agentes y efectivos militares sacaron a la fuerza de sus hogares a los jóvenes Francisco Martínez y Lucas Eduardo Méndez Derisier.

Martínez cuenta con sus documentos al día para fines de obtención de cédula, mientras que Méndez Derisier mantiene un proceso abierto de documentación en la Junta Central Electoral y es hijo de un reconocido dirigente popular fallecido; ambas detenciones se realizaron violando la intimidad familiar y sus derechos fundamentales.

​Los denunciantes recordaron que la Ley 285-04 General de Migración prohíbe taxativamente la entrada de agentes migratorios o militares a una vivienda en horas de la noche, una acción que además vulnera de forma flagrante las garantías fundamentales.

El artículo 44 de la Constitución de la República protege explícitamente la inviolabilidad del domicilio, estableciendo que para ingresar a un hogar se requiere obligatoriamente el consentimiento del ocupante o una orden escrita emitida por una autoridad judicial competente.

​Por consiguiente, el hecho de pertenecer a los cuerpos de control migratorio o militares no otorga el derecho de entrar a una vivienda a altas horas de la noche sin la debida autorización o una excepción legal aplicable. Los afectados enfatizaron que cualquier ingreso realizado bajo estas condiciones carece de base legal y constituye una violación constitucional que puede ser formalmente impugnada ante la ley.