Brito revela impacto de la nueva «ley mordaza» para la sociedad dominicana

Santo Domingo, RD-El abogado y comunicador, José Martínez Brito ha calificado como una amenaza directa a la democracia las recientes modificaciones al Código Penal, las cuales entrarán en vigencia el próximo mes de agosto. Según el panelista del programa Esto No es Radio Show, estas reformas instauran lo que se conoce popularmente como una «ley mordaza», revirtiendo años de avances en la despenalización de los delitos de opinión en la República Dominicana.

Martínez Brito explicó que, bajo el nuevo marco legal, la difamación y la injuria volverán a acarrear penas privativas de libertad, algo que anteriormente se había logrado superar en gran medida en toda América Latina. El abogado detalló que la difamación será sancionada con penas de uno a cinco años de prisión, mientras que la injuria podrá conllevar de un mes a un año de cárcel.

"Lo que antes estaba despenalizado, a partir de agosto pasará a estar penalizado… esto ha provocado la discusión porque no por la naturaleza, porque repito, todo aquel que difame y lo haga con intención de dañar y extorsionar, desde mi punto de vista está bien que sea sancionado», señaló Brito, subrayando que el problema reside en la ambigüedad de lo que se definirá como difamación.

Un golpe a la fiscalización ciudadana

Uno de los puntos más críticos señalados por el jurista es la vulnerabilidad en la que quedan los ciudadanos y periodistas al intentar denunciar actos de corrupción o irregularidades estatales. Brito advierte que, si una persona cuestiona el crecimiento desmedido del patrimonio de un funcionario o una compra estatal sin tener pruebas físicas —las cuales muchas veces solo posee el Estado—, podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

Brito fue enfático al declarar: «Esa mordaza es peligrosa. Porque ya se ha establecido anteriormente que si el delito de opinión se convierte en un crimen… una persona no podrá hacer lo que la constitución llama, que es la fiscalización ciudadana».

El abogado puso como ejemplo que incluso grabar a un policía cometiendo un ilícito o un robo durante un allanamiento podría ser interpretado como un delito por parte del ciudadano que captura la evidencia.

Control sobre las redes sociales y plataformas digitales

La advertencia de Martínez Brito se extiende al ámbito digital, incluyendo aplicaciones de mensajería privada. Según explicó, el artículo 310 del nuevo código tipifica el «ultraje a funcionario público», el cual puede ocurrir incluso en grupos privados de WhatsApp.

Además, mencionó el riesgo que implica el reenvío de material visual: «Todo aquel que reenvíe un audio, una imagen o un video de una persona sin su autorización podrá enfrentar apenas de 1 a 6 meses de cárcel». Brito argumenta que esto crea una ley «absolutista» que no hace excepciones claras para el interés público o la investigación periodística, obligando virtualmente a pedir permiso a un corrupto para publicar un video de su ilícito.