No miren al motoconchista, miren al desempleo

Es fácil sumarse al coro de quejas que inunda las calles y las redes sociales de nuestro país: el caos vial tiene dos ruedas, no respeta semáforos, dobla en U donde le place y se filtra por el más mínimo resquicio del asfalto. Hablar del «problema de los motoconchistas» se ha convertido en el deporte nacional de la clase media y alta que observa el tráfico desde la comodidad de un vehículo con aire acondicionado. Sin embargo, criminalizar o simplificar este fenómeno es un error de diagnóstico monumental.

Los motoconchistas no son el problema; son el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda y estructural.

Detrás de cada chaleco, de cada casco desgastado y de cada marcha temeraria no hay un ciudadano que eligió por placer arriesgar su vida bajo el sol caribeño por unos cuantos pesos el trayecto. Lo que hay es un padre de familia, un joven sin oportunidades o un profesional desplazado que encontró en la motocicleta la única balsa de salvación ante un mercado laboral implacable y excluyente.

El motoconcho en la República Dominicana no es una opción de transporte planificada, es un mecanismo de supervivencia masivo. Es la respuesta espontánea de un pueblo que no se cruza de brazos a esperar una ayuda estatal que nunca llega, sino que sale a buscar el sustento diario con lo único que tiene a mano.

Por lo tanto, cuando las autoridades responden a esta realidad únicamente con redadas, retenciones de vehículos o discursos sobre el «ordenamiento urbano», están barriendo el polvo debajo de la alfombra.

El orden es necesario, desde luego, y las leyes de tránsito deben respetarse por la seguridad de todos, pero la represión no genera puestos de trabajo. Si mañana el Estado lograra, por arte de magia, sacar de circulación a todos los motores, lo que tendríamos no sería una taza de café en paz y calles fluidas; tendríamos a cientos de miles de familias en la miseria extrema y una crisis social de proporciones inéditas.

El verdadero tema que el Estado tiene la obligación de resolver, y en el que sistemáticamente sigue quedando en deuda, es la falta de empleo formal y digno.

La economía dominicana puede presumir en los foros internacionales de sus cifras de crecimiento macroeconómico y del auge del turismo, pero mientras ese crecimiento no se traduzca en empleos de calidad, con salarios que cubran la canasta básica y con seguridad social para las mayorías, el motoconcho seguirá creciendo. La calle es el termómetro de la economía real: si hay más motores buscando pasajeros, es porque hay menos fábricas, menos oficinas y menos comercios capaces de absorber esa mano de obra.

Legislar y gobernar desde el escritorio es cómodo, pero la realidad se vive a pie de calle. Es hora de que el Estado asuma su rol fundamental no como un ente puramente fiscalizador o persecutor, sino como el gran dinamizador del empleo. Se necesitan políticas públicas agresivas de industrialización, incentivos reales a las pequeñas y medianas empresas, y una transformación educativa que alinee la formación técnica con las demandas de los nuevos tiempos.

Dejemos de mirar con desdén al hombre del motor. Ellos están resolviendo, por su cuenta, el problema de llevar la comida a sus casas. Ahora le toca al Estado resolver el suyo: crear las condiciones para que subirse a un motoconcho sea una alternativa de transporte, y no la única opción para no morir de hambre.