La CAUASD aplaude decisión del presidente Abinader de suspender proyecto minero Romero en San Juan

Santo Domingo, RD.-. La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) celebró la decisión anunciada por el presidente Luis Abinader de ordenar la detención inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, promovido por GoldQuest en la provincia de San Juan.

La CAUASD valoró positivamente que el Poder Ejecutivo haya reconocido la fuerza jurídica, ambiental y democrática de la llamada licencia social, entendida como la aceptación informada, legítima y participativa de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos de alto impacto ambiental, territorial, hídrico y social.

“Esta decisión confirma una verdad que la Universidad, las comunidades y diversos sectores técnicos, científicos, religiosos, productivos y sociales han venido planteando: no puede haber minería viable donde existe un rechazo social masivo, una alta fragilidad hídrica, una importancia agrícola estratégica y un riesgo de afectación a territorios esenciales para la vida, la producción y el consumo humano”, agregó.

La institución felicita de manera especial al pueblo de San Juan y del suroeste, así como a sus comunidades campesinas, productores, juntas de regantes, organizaciones sociales, iglesias, profesionales, jóvenes, mujeres, entidades académicas, ambientalistas y ciudadanos comprometidos que han desarrollado una lucha cívica, ordenada, contundente, disciplinada y firme en defensa del agua, la vida, la agricultura y el territorio.

“Esta victoria ciudadana no debe interpretarse como el cierre del problema, sino como el inicio de una revisión más profunda. El país debe examinar de manera integral todo el conjunto de concesiones, solicitudes y derechos mineros que ocupan o presionan la vertiente sur de la Cordillera Central y otras zonas de alta sensibilidad hídrica, ecológica, agrícola y social”, agregó.

La Comisión Ambiental de la UASD considera indispensable que el Estado dominicano revise el modelo actual de otorgamiento de concesiones mineras, especialmente cuando estas se superponen con cuencas hidrográficas, zonas de recarga, territorios agrícolas, áreas de producción alimentaria, comunidades rurales, asentamientos humanos y ecosistemas estratégicos.

Asimismo, reiteró que, antes de cualquier Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto, debe realizarse una Evaluación Ambiental Estratégica, tal como lo establecen la Ley 64-00, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Resolución 0020-2024 del Ministerio de Medio Ambiente. El país no puede seguir evaluando proyectos de manera aislada cuando lo que está en juego es el cambio de destino territorial de regiones completas.

La CAUASD comprende que la República Dominicana necesita con urgencia una nueva Ley Minera que sea moderna, democrática, preventiva y coherente con el interés nacional. Esta ley debe priorizar la protección del agua, la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial, los derechos de propiedad, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la sostenibilidad ecológica por encima de cualquier interés extractivo.

La legislación minera vigente se basa en una visión obsoleta del territorio y otorga a la minería una preferencia que es incompatible con los desafíos actuales del país: cambio climático, estrés hídrico, degradación de cuencas, conflictos territoriales, vulnerabilidad agrícola y una creciente demanda social de transparencia y participación.

“Por tanto, la CAUASD hace un llamado al Gobierno dominicano, al Congreso Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, a las universidades, academias, ayuntamientos, juntas de regantes, organizaciones comunitarias y sectores productivos para que inicien un gran proceso nacional de revisión del régimen minero dominicano”, agregó.

Entiende que la decisión presidencial representa un paso correcto. “Ahora corresponde avanzar hacia una política pública más profunda: proteger las cuencas, ordenar el territorio, revisar las concesiones, modernizar la ley minera y garantizar que ningún proyecto extractivo se imponga contra la voluntad legítima de los pueblos”, precisó la comisión.