El silencio oficial como cómplice del feminicidio

La violencia de género no es un fenómeno espontáneo ni un estallido de furia impredecible. En la gran mayoría de los casos, el feminicidio es la crónica de una muerte anunciada que ha dejado un rastro de huellas institucionales: denuncias engavetadas, órdenes de alejamiento que son simples trozos de papel y una alarmante indiferencia burocrática.

Es hora de llamar a las cosas por su nombre: la falta de atención de las autoridades a las denuncias de agresión no es solo una omisión administrativa; es un catalizador directo de la tragedia.

Cuando una mujer vence el miedo y la estigmatización para acudir a una fiscalía o un destacamento, está lanzando un grito de auxilio desesperado. Sin embargo, lo que suele encontrar es un sistema que parece diseñado para la revictimización: funcionarios que consideran las amenazas como «pleitos de pareja» que se resuelven en casa y procesos lentos que otorgan al agresor el tiempo necesario para escalar su violencia.

Las estadísticas son frías, pero los nombres detrás de ellas arden. Un porcentaje indignante de víctimas de feminicidio ya había acudido previamente a las autoridades. El mensaje que el Estado envía al no actuar es doblemente peligroso: al agresor le comunica impunidad, y a la víctima, desamparo.

Cuando el sistema falla en proteger a quien denuncia, no solo abandona a una ciudadana, sino que disuade a miles más de buscar ayuda. El miedo al «para qué denunciar si no hacen nada» se convierte en una sentencia de muerte silenciosa.

El feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencias, y la negligencia institucional es el eslabón que permite que esa cadena no se rompa.

La inacción de las autoridades es, en la práctica, una forma de complicidad. Mientras la denuncia sea un trámite estéril y no un mecanismo de salvación, el conteo de ataúdes seguirá ascendiendo bajo la mirada indiferente de quienes juraron protegernos. Justicia que tarda no es solo injusticia; en estos casos, es muerte.