El gatillo alegre no es justicia
La seguridad ciudadana en nuestro país ha tomado un rumbo alarmante. Lo que debería ser una estrategia de protección y orden se ha transformado, en demasiados casos, en una política de «disparar primero y preguntar después». Es innegable: a la Policía se le ha ido la mano.
Bajo el pretexto de los «intercambios de disparos», estamos presenciando una racha de muertes extrajudiciales que desdibuja la frontera entre la autoridad y la delincuencia. Cuando el Estado utiliza la fuerza letal de manera indiscriminada, ignorando el debido proceso, no está combatiendo el crimen; está replicando su violencia.
La letalidad policial no solo está segando la vida de presuntos delincuentes, sino también de ciudadanos inocentes que terminan siendo «daños colaterales» de un gatillo fácil y una formación deficiente.
Mientras las balas sobran, la inteligencia falta. Resulta inaceptable que la cifra de cuerpos aumente mientras los grandes casos pendientes siguen acumulando polvo en los archivos. Matar a un sospechoso no es resolver un crimen; es cerrar una fuente de información y pisotear la justicia.
Una policía que mata a diestra y siniestra pierde su activo más valioso: la legitimidad. Sin la confianza de la población, cualquier reforma policial es una cáscara vacía.
El orden no se construye con sangre, sino con leyes. Una institución que no sabe capturar sin matar es una institución que ha fracasado en su misión técnica y moral.
Exigimos un alto inmediato a esta ejecución sistemática del «ojo por ojo». El país no necesita más verdugos con uniforme; necesita una fuerza policial que investigue, que prevenga y que respete la vida, porque la paz que nace de la violencia extrajudicial es, en realidad, un cementerio disfrazado de seguridad.









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