PND: la República Dominicana registra avances en justicia

Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra avances significativos en la transformación institucional y eficacia de la justicia, así como en su capacidad resolutiva, mientras señala desafíos persistentes de carácter estructural que limitan el acceso efectivo.

El documento titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, destaca que el país ha logrado progresos innovadores en transformación digital, gestión judicial y avance en cumplimiento de plazos. Estos resultados han sido reconocidos también a nivel internacional: de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, la República Dominicana se posiciona en el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1% en su puntuación general, destacándose como un caso positivo en un contexto global de deterioro institucional.

Relevancia

Entre los hitos más relevantes se encuentran la implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, y la firma digital de más de 3 millones de documentos, con aproximadamente un 66% de los trámites procesados electrónicamente. Asimismo, existe una reducción de 21.6 días en la solución de asuntos judiciales.

Según el documento, y partiendo de datos oficiales, el sistema ha logrado, a través de un proceso de cambios desde el 2020, una capacidad resolutiva que supera en promedio el 94.9% de soluciones a nivel nacional, aunque con diferencias a nivel de los territorios en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de desarrollo. Por ejemplo, el Distrito Nacional, provincia de desarrollo humano alto, registra una tasa de resolución de 100.5% mientras que la provincia Santo Domingo, y Monte Cristi con desarrollo humano medio bajo y bajo respectivamente, reportan un 90.8% y 87.9% cada una.

El documento agrega que las evidencias recolectadas permiten poner atención sobre las brechas territoriales afirmando que el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica; es una experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local.

El análisis se complementó con un estudio de opinión no representativo que permitió conocer opiniones asociadas al uso, experiencia y percepción de los servicios judiciales, que evidencian la importancia de utilizar procesos de escucha activa que acerquen los servicios y procesos con las necesidades de las poblaciones usuarias. Uno de los resultados a mencionar es que 36.3% de personas usuarias consultadas reportaron haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales, citando en orden de prioridad: demoras en los tiempos de solución de los casos, costos legales y deficiencias en la atención.

También revela que, de las personas consultadas en el sondeo, siete de cada diez desconocen la existencia de servicios digitales para consultar sus casos o realizar trámites, lo que muestra la importancia de dar a conocer las distintas modalidades de acceso que generarían mayor autonomía y empoderamiento de las personas usuarias.