Convocantes a protestas dicen son legítimas; condenan militarización de pueblos

Santo Domingo, RD.- Las organizaciones populares convocantes de varias protestas en diferentes comunidades del país defendieron la legitimidad de las huelgas y las demandas reivindicativas que levantan.

La Coordinadora Nacional Popular rechazó en forma enérgica a la militarización e intimidación contra el Día Nacional de Rebeldía, al tiempo de afirmar que “En el marco del Día Nacional de Rebeldía, convocado por la Coordinadora Popular Nacional, el país vivió una jornada marcada por dos elementos centrales: la movilización de amplios sectores populares y una fuerte presencia militar y policial en los principales puntos de protesta.”

Sostuvo la CNP que desde tempranas horas, “..diversas regiones respondieron al llamado con acciones de lucha en defensa de la soberanía nacional y contra las políticas económicas vigentes. Provincias como San Juan, el Cibao y San Francisco de Macorís registraron paralizaciones y manifestaciones, mientras que en el Gran Santo Domingo se desarrollaron concentraciones frente al Palacio Nacional con la participación de cañeros, trabajadores, personal de salud y comunidades organizadas.”

En este contexto, la CPN emitió el siguiente comunicado, en el que fija su posición frente al despliegue de fuerzas de seguridad y el desarrollo de la jornada, el cual reproducimos íntegro.

La Coordinadora Popular Nacional (CPN) expresa su más firme y enérgico rechazo a la desproporcionada y provocadora presencia militar y policial desplegada en todo el país con motivo de las movilizaciones convocadas para el Día Nacional de Rebeldía.

Desde horas tempranas, el gobierno convirtió ciudades, carreteras y espacios públicos en zonas militarizadas, con cordones de seguridad, unidades antimotines, equipos tácticos y operativos que nada tienen que ver con la garantía de derechos, sino con la intimidación directa al pueblo que se movilizaba.

Aumentaban deliberadamente las posibilidades de altercados y disturbios, al imponer un ambiente de tensión innecesaria frente a manifestaciones de carácter pacífico.

Criminalizaron el derecho constitucional a la protesta, tratando al pueblo organizado como enemigo interno.

Derivaron en arrestos arbitrarios y abusos, dirigidos a debilitar la participación ciudadana.

A pesar de este escenario, la respuesta del pueblo dominicano fue clara y contundente.

En San Juan, el Cibao y San Francisco de Macorís, así como en otros puntos del país, se desarrollaron acciones de lucha y paralizaciones en defensa de la soberanía nacional, el derecho a una vida digna y en rechazo a la política económica y las imposiciones externas.

De igual manera, en el Gran Santo Domingo, se llevaron a cabo acciones frente al Palacio Nacional, en el marco de la jornada de lucha nacional decretada por la Coordinadora, con la participación de cañeros, trabajadores, enfermeras y pobladores, reafirmando el carácter amplio y popular de esta convocatoria.

Esta política de militarización no es un hecho aislado. Es la respuesta de un gobierno que, incapaz de dar soluciones a la crisis social, económica y a su política internacional subordinada, opta por la fuerza y el miedo como mecanismo de control.

Responsabilizamos al gobierno de cualquier incidente que pueda producirse como consecuencia de este despliegue excesivo, provocador e irresponsable.

Que nuestras movilizaciones son pacíficas, legítimas y amparadas por la Constitución.

Que el pueblo dominicano tiene derecho a manifestarse sin ser rodeado, perseguido ni intimidado.

Que ninguna demostración de fuerza detendrá las demandas por justicia social, soberanía y dignidad.

La Coordinadora Popular Nacional hace un llamado a la ciudadanía a mantener la firmeza, la disciplina y el carácter consciente de la lucha, sin caer en provocaciones, pero sin retroceder ante la intimidación.