Abogados de familiares niña ahogada exigen respuestas al Ministerio Público y Minerd

Santiago.- A casi tres meses del fallecimiento de una niña de 11 años, Stephora Anne-Mircie Joseph, durante una excursión escolar realizada en Gurabo, los representantes legales de la familia de la víctima denunciaron la falta de respuestas y seguimiento por parte del Ministerio Público.

En el caso de la muerte de la menor, los juristas Miguel Valdemar y Shesnel Calcaño pidieron una sanción administrativa por parte del Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd), y la inclusión en la solicitud de medida de coerción a representantes directos del colegio como el presidente de la asociación Leonardo Da Vinci y el director del plantel, Freddy Núñez; así como los responsables de la Hacienda Los Caballos.

“El expediente fue enviado del Juzgado de Atención Permanente al juez coordinador de instrucción de Santiago, quien lo mantuvo por un largo período y luego lo remitió al Cuarto Juzgado de la Instrucción, un tribunal que solo conoce casos de violencia de género y delitos sexuales, lo que nos hace prever que el expediente vuelva a ser reenviado”, sostuvo Valdemar.

Críticas al Ministerio de Educación

Calcaño criticó al Minerd, el cual afirmó se ha negado a adoptar medidas administrativas contra el Colegio Leonardo Da Vinci, alegando que debía esperar el desenlace del proceso judicial.

Diligencias clave

Valdemar señaló que desde el inicio del proceso se han solicitado múltiples diligencias investigativas que aún no se han ejecutado como las entrevistas a los niños que participaron en la actividad escolar, reconstrucción de los hechos y levantamientos técnicos, obtención y análisis de cámaras de seguridad desde la llegada hasta la salida del grupo y entrega íntegra de los videos de la hacienda y zonas aledañas.

A pesar de haber notificado formalmente al Ministerio Público el 23 de enero, la defensa asegura que no ha recibido respuesta ni avance alguno.

Los abogados también denunciaron que la Hacienda Los Caballos, que había sido clausurada tras verificarse que no cumplía con los requisitos para albergar adultos ni, mucho menos, niños, ya opera nuevamente luego de que fueran retirados los letreros de incautación.

Actualmente, cuatro personas están siendo investigadas, entre ellas dos maestras presentes en el lugar, una encargada administrativa y una cuarta persona que fue excluida por la jueza al determinar que no tenía responsabilidad directa. El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para decidir si presenta acusación, archiva el caso o adopta otro criterio procesal.

No obstante, los abogados reiteraron que continuarán con sus propias actuaciones legales para establecer responsabilidades y exigir que se incluyan a quienes, según su criterio, fueron los verdaderos directores funcionales de la actividad.

“Lo que pasó con Stephora no puede repetirse. No puede pasarle a ningún niño, ni en un colegio público ni privado. Vamos a seguir exigiendo justicia hasta que este caso no sea olvidado”, concluyeron.