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Comunitarios sacan a golpes a manifestantes que apoyaban planta de reciclaje en La Cuaba


El conflicto entre residentes del Distrito Municipal La Cuaba y la empresa Relleno Sanitario Oakhouse volvió a intensificarse este domingo, cuando un grupo de personas, supuestamente provenientes de comunidades externas, llegó a la zona para manifestarse a favor de la instalación de una planta de reciclaje de residuos sólidos que la comunidad rechaza por considerarla perjudicial para el medio ambiente y la vocación ecoturística del área.

Los manifestantes que apoyaban el proyecto arribaron en guaguas, motocicletas y a pie, pero los recibieron con piedras, palos y golpes por residentes de La Cuaba, lo que generó un fuerte enfrentamiento que obligó a la Policía Nacional a intervenir mediante gases lacrimógenos para dispersar a ambos grupos.

Ariel Peña, uno de los voceros comunitarios, afirmó que personas de Pedro Brand, Manoguayabo, Los Alcarrizos, Herrera y otros sectores se movilizaron por dinero para respaldar la obra. Sostuvo además que el chofer de una de las guaguas lo engañaron al decirle que se dirigían a un retiro religioso.

Tensión en aumento

La tensión aumentó cuando la comunidad detuvo el vehículo, desmontó a sus ocupantes y destruyó afiches y volantes que promovían el proyecto. Uno de los materiales decía: “Señores, una planta de reciclaje no es un vertedero como promueven un grupo de individuos distorsionistas”. Los manifestantes pro-proyecto acusaron a sus opositores de “difamar y distorsionar” información para obtener beneficios de supuestos inversionistas.

Sin embargo, el regidor de La Cuaba, Lego Vizcaíno, reiteró la posición de la comunidad, afirmando que se pretende instalar ”un vertedero disfrazado de planta de reciclaje” y que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente describen el proyecto como un relleno sanitario.

Vizcaíno acusó a figuras políticas locales de respaldar el proyecto, entre ellos al exalcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua; al exalcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación; y al actual alcalde de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez “El Mello”. Según el edil, estas acciones responden a intereses económicos.

Mientras que el comunitario Sandy Samuel advirtió que los habitantes están dispuestos a defender la zona “con muerte y sangre”, y acusó al síndico local de haber recibido dinero para apoyar la obra.

Motivos ambientales de la oposición

La comunidad alega que no ha recibido respuestas efectivas del Ministerio de Medio Ambiente ni del Gobierno central. Vizcaíno afirmó que el ministro habría cancelado reuniones previamente pautadas y que ha declarado en medios que la comunidad está de acuerdo con el proyecto, “cosa que es totalmente falsa”.

El Ministerio de Medio Ambiente inicialmente rechazó el proyecto y negó la licencia ambiental. Sin embargo, la empresa Oakhouse llevó el caso ante el Tribunal Superior Administrativo, que ordenó a la institución reevaluar la decisión.


La disputa se remonta a 2021, cuando la empresa intentó realizar una consulta comunitaria en la localidad de El Aguacate, donde se produjo un rechazo inmediato. En 2023, durante una vista pública, los residentes acordaron de manera unánime oponerse al proyecto.

Según la comunidad, el terreno donde se pretende instalar la planta —unas 1,500 tareas— alberga tres nacientes acuíferas: Arroyo Fermín, Arroyo Grunela y Arroyo La Pana o Los Macos, afluentes de los ríos El Higüero e Isabela. Además, sostienen que la zona posee una vocación ecoturística por la cantidad de villas y haciendas existentes.

Preocupaciones de la comunidad

También expresan preocupación por la posible circulación diaria de cientos de camiones, lo que, según dicen, afectaría la tranquilidad y las condiciones ambientales del lugar.

Los comunitarios aseguran que la empresa ha intentado ganar apoyo ofreciendo empleos, mejoras de viviendas y otros beneficios, lo que —según ellos— ha generado divisiones y tensiones adicionales.

Los residentes de La Cuaba reiteraron que no permitirán la instalación de un “vertedero” en su territorio y advirtieron que, aunque continúan agotando vías pacíficas, el conflicto podría escalar si las autoridades no intervienen. Hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Medio Ambiente para que escuchen sus demandas y eviten “problemas mayores”.

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