Denuncian proceso jurídico paraliza proyecto viviendas en La Romana

La Romana.– Compradores y copropietarios de un proyecto de 400 viviendas en la provincia La Romana denunciaron que un proceso jurídico ha impedido que decenas de familias que adquirieron sus casas puedan recibirlas. La situación también ha provocado la paralización total de las operaciones de la empresa, afectando a empleados, obreros y suplidores.

Indicaron que diversas acciones judiciales han involucrado a Inmobiliaria Don Juan en un proceso del cual, afirman, la compañía no forma parte. Señalaron que esas actuaciones han sido objeto de cuestionamientos en distintas instancias y que han afectado el desarrollo normal del proyecto.

Un proceso jurídico que afecta la entrega de viviendas

El jurista Dionisio Ortiz explicó que el conflicto se originó cuando Inmobiliaria Don Juan, propietaria del terreno y promotora del proyecto, fue incluida dentro del proceso de separación de bienes correspondiente al divorcio entre el señor Juan Rafael Llaneza y la señora María Amelia Hazoury.

Sostuvo que se han interpuesto procesos en tribunales dominicanos y extranjeros que, según afirmó, no guardan relación con la empresa. Indicó que, aun así, han tenido impacto sobre el proyecto. Explicó que el señor Llaneza no es socio directo de la compañía y que el patrimonio vinculado al proyecto es anterior a su nacimiento. “La ley establece que las herencias no forman parte del patrimonio común de los esposos”, señaló.

Ortiz indicó que la independencia patrimonial de Inmobiliaria Don Juan ha sido confirmada por tres instancias: 1) la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 2) la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y 3) el Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central.

Afirmó confiar en que el sistema judicial evaluará la situación y garantizará el respeto a las decisiones previas, así como a los derechos de los compradores del proyecto.

Familias afectadas por el estancamiento del proceso

Entre los compradores afectados está Gilberto Guerrier Batiste, maestro y técnico distrital del distrito educativo 05-11, además de profesor en varias universidades.

Con 40 años y padre de tres hijos, adquirió una vivienda junto a su esposa en 2024, con entrega prevista para marzo de 2025. Indicó que la entrega no se ha materializado y que esta situación ha generado preocupación familiar. Hizo un llamado a las autoridades para que se destraben los procesos que impiden avanzar y poder recibir la documentación correspondiente a su vivienda.

Caso similar vive Carmen Rosario, maestra de quinto grado, de 32 años, madre de tres hijos. Ella y su esposo compraron su vivienda en 2024, también con fecha de entrega para marzo de 2025. Explicó que, pese a haber cumplido con los pagos y contar con un préstamo preaprobado, el conflicto jurídico ha impedido que reciban su hogar. Señaló que espera que la situación pueda resolverse a fin de estabilizar su vida familiar.

Otro comprador afectado es Irving Batista, de 35 años, empleado privado, casado y padre de un niño, cuya esposa está embarazada.

Actualmente reside en el proyecto Don Juan y adquirió un terreno adicional para ampliación. Indicó que el préstamo bancario correspondiente ya está en curso, pero aún no ha podido recibir el inmueble.

Copropietarios reiteran su compromiso con los compradores

Las copropietarias de Inmobiliaria Don Juan, SRL, Coral Llaneza y Clarisa Gil Battle, expresaron su preocupación por el impacto del proceso en las familias adquirientes y reiteraron su compromiso con todos los compradores.

Clarisa Gil Battle explicó que los terrenos del proyecto pertenecen a su familia desde hace varias décadas y que, por esa razón, no tendrían relación con el proceso de divorcio en curso entre su hijo y la señora Hazoury. Señaló que los inmuebles fueron adquiridos por su abuelo, Juan Gil Rivera, mucho antes del nacimiento de su hijo Juan Rafael.

Por su parte, Coral Llaneza solicitó que se permita continuar con la entrega de las viviendas conforme a los compromisos asumidos con los adquirientes.

Indicó que esperan que la justicia determine lo correspondiente y que se pueda completar la entrega de los inmuebles a las familias que han comprado sus hogares.