CONANI aclara retención de adolescentes de Jarabacoa se realizó por orden judicial

La Vega. — El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informó que la intervención a favor de cinco adolescentes del municipio de Jarabacoa se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, tras una solicitud de protección presentada por la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes de ese distrito judicial.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida fue adoptada con base en el artículo 462 de la Ley 136-03, que regula el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y tiene carácter temporal y preventivo, con el objetivo de garantizar la integridad física y emocional de las menores mientras se investigan los hechos ocurridos el pasado 28 de octubre en el Centro Educativo Manuel Ubaldo Gómez de Jarabacoa.

La entidad explicó que no actúa de manera autónoma, sino que ejecuta las disposiciones emanadas del Ministerio Público y de los tribunales especializados en materia de niñez y adolescencia.

“Las adolescentes fueron trasladadas a programas de atención residencial donde recibirán seguimiento profesional y protección integral mientras se completan los procesos legales y médicos correspondientes”, precisó el comunicado.

El CONANI reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país, destacando que sus actuaciones responden al principio del interés superior del niño y al debido proceso establecido en la legislación nacional.

Padres denuncian falta de información y califican la medida como arbitraria

Mientras tanto, familiares de tres de las adolescentes afectadas denunciaron que las menores fueron sacadas del Hospital Luis Manuel Morillo King de La Vega sin recibir explicaciones ni notificación formal del destino al que serían llevadas.

Los padres aseguraron que las jóvenes habían superado la crisis que las llevó a ser hospitalizadas tras los episodios ocurridos en la escuela, y que todas las pruebas médicas y toxicológicas practicadas resultaron negativas.

“Hoy llegaron con cuatro policías, le quitaron el suero a las niñas y se las llevaron sin decirnos nada, tenemos todas las pruebas de que están bien, y aun así nos las quitaron. No nos dieron ni un papel ni una explicación”, expresó Evelin Rodríguez Luna, madre de una de las menores.

Otros padres, como Stacy María Quezada Ortiz y Daysi, afirmaron que desde el traslado no han podido comunicarse con sus hijas y desconocen si se encuentran en La Vega, Santiago o Santo Domingo.

“Para mí mi hija está secuestrada, no sabemos dónde está ni por qué se la llevaron, hemos cumplido con todo lo que nos pidieron, los análisis dieron negativos, y aun así no nos dejan verla”, denunció una de las madres.

El hecho que dio origen al proceso ocurrió en el Centro Educativo Manuel Ubaldo Gómez, cuando unas 18 estudiantes fueron trasladadas a distintos centros de salud tras sufrir desmayos, crisis nerviosas y episodios de pánico aún sin explicación clara.

La situación generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la intervención de los ministerios de Educación, Salud Pública y del Ministerio Público, que abrió una investigación para determinar las causas.

Por el momento, las autoridades judiciales mantienen bajo reserva los detalles del expediente, mientras las familias reclaman mayor transparencia, acompañamiento psicológico y comunicación directa con las adolescentes.

Tanto las familias como organizaciones locales de derechos humanos han solicitado que el caso se maneje con prudencia, sensibilidad y enfoque de protección, garantizando que las menores reciban atención integral y que los padres sean informados de cada paso procesal.

El caso sigue en investigación y se espera que en los próximos días el Ministerio Público y el CONANI emitan un informe conjunto sobre el estado de las adolescentes y las conclusiones preliminares de las pesquisas.