Piden a Domínguez Brito renunciar a su cargo
Santo Domingo.- Un grupo
de reconocidos juristas del país emplazaron al Procurador General de la
República, Francisco Domínguez Brito, a que formalice su renuncia debido a su cargo
es incompatible con las actividades político-partidarias.
Los juristas dicen sentirse sorprendidos e
indignados al conocer en los medios de
comunicación lo que hasta ahora era un insistente rumor: el Procurador General
de la República habría venido organizando, merced el elevado cargo que detenta,
los equipos de campaña y realizado todos los aprestos de su precandidatura a la
presidencia de la República.
Calificaron el hecho como insólito y dijeron “no
registramos en nuestra memoria que Procurador General alguno, más allá de sus
simpatías, hubiese incurrido en tan grave falta.”
Agregaron que el ordenamiento jurídico prohíbe
y sanciona el que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley,
categoría en la que se inscriben todos funcionarios del ministerio público, sirvan
a intereses de partidos políticos, el grupo de letrados consideró que las
manifiestas actividades de campaña proselitista constituirían una renuncia de
facto.
La comisión que realiza el emplazamiento
dirigido en primer término a Domínguez Brito está integrada por los doctores
Ramón Pina Acevedo, Pedro Duarte Canaán, Carlos Balcácer, Félix Damián
Olivares, Marino Elsevif, entre otros.
El grupo de abogados, que anunció estarse
constituyendo en Comisión por el Rescate de la Institucionalidad del Ministerio
Público, solicitaron a Domínguez Brito que presente su renuncia de manera
inmediata por haber violado la Constitución
de la República, así como las leyes de Función Pública y Orgánica del
Ministerio Público.
Violaciones de
leyes
Los abogados explicaron que la Constitución de
la República, en su artículo 172, párrafo II, proscribe expresamente las
actividades político partidarias a todos los funcionarios del ministerio
público.
En ese mismo orden, citaron que la Ley
Orgánica del Ministerio Público 133-2011, plantea en el artículo 79, párrafo 5, la veda de los miembros del
ministerio público a integrar asociaciones, fundaciones o entidades que le
generen conflictos de intereses o que tengan carácter político partidario.
También en su artículo 92 numeral 5 califica
como falta muy grave la realización de actividades político partidarias o
autorizar u ordenar la realización de tales actividades, y ante esta situación
se impone la inmediata destitución del Domínguez Brito.
Señalaron además que el artículo 86 de la Ley
no. 133-2011, prevé la destitución del funcionario cuando la falta es grave.
Otras ley violada por el Procurador General,
según los abogados, es la de Función Pública 41-08, que indica en su artículo
80 que los servidores públicos tienen prohibido servir a intereses de partidos
en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia, organizar o dirigir
demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de
carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar
con este objetivo los bienes y fondos de la institución.
La referida Ley también plantea que si el
funcionario incurre en los actos descritos anteriormente comete faltas
disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales,
civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes.
" Estamos ante la presencia de una grave
falta ética, que por lo menos que demanda es la formalización de la renuncia
que de hecho habría planteado con su conducta el ciudadano Domínguez Brito,”
acotaron los juristas.
Los abogados agregaron que el régimen
disciplinario que rectoriza la institución del Ministerio Público considera
como faltas extremas todas las conductas que contravenga el comportamiento
ético, la probidad y el sobrio comportamiento que debe exhibir todo servidor
público.
Pedirán a
Presidente Medina destitución
Advirtieron que de no acogerse al llamado de
reflexión y cordura que le formulan a Domínguez Brito, procederán a elevar al Presidente
de la República, Licdo. Danilo Medina, la petición de destitución del renunciante
de facto, Francisco Domínguez Brito, por cometer faltas graves en el ejercicio
de sus funciones.
Señalaron que "la sociedad dominicana y
en especial la comunidad jurídica pensante observa con pavor el grado de
politización que caracteriza a la institución encargada de articular las
políticas públicas tendentes a combatir la criminalidad”.
Agregaron que el actual incumbente del órgano
acusador público, el licenciado
Francisco Domínguez Brito, aspira a
convertir dicho órgano en un ordinario comité de base utilizando sus acólitos
en diferentes actividades de corte político-partidista''.
Dicen que existe un inconmensurable
despropósito de un funcionario público que ha creído ser acreedor de la primera
magistratura de la nación, ejerciendo su cargo a contrapelo con las normas
adjetivas y sustantivas.





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