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CNUS advierte en Barahona que reforma laboral no debe vulnerar derechos adquiridos


Barahona, –
La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) afirmó que la reforma laboral impulsada en el país desde 2013 no fue una iniciativa del movimiento sindical, sino de sectores empresariales que, bajo el argumento de modernizar el Código de Trabajo, promovieron su discusión ante distintos gobiernos.

El gremio explicó que el movimiento sindical dominicano asumió su participación en la mesa tripartita como parte de un ejercicio de sindicalismo responsable, desarrollando un proceso de diálogo que incluyó dos períodos gubernamentales del expresidente Danilo Medina y más de cien reuniones durante la actual gestión del presidente Luis Abinader.

La CNUS sostuvo que, en el marco de esas discusiones, el sector sindical ha cedido en aspectos procesales, flexibilización de jornadas laborales y temas administrativos, incluyendo devolver mayor capacidad resolutiva al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, asegura que estos avances no han sido suficientes para lograr consenso con el sector empleador.

La organización sindical manifestó preocupación por lo que considera intentos de reducir derechos laborales bajo el discurso de fomentar empleo, disminuir la informalidad y atraer inversión extranjera. En ese sentido, reiteró que la cesantía o prestaciones laborales no están contempladas para eliminación en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Asimismo, cuestionó que, pese a que el anteproyecto fue depositado hace un año y siete meses sin incluir modificaciones a la cesantía, sectores minoritarios en el Congreso hayan frenado su aprobación.

La CNUS anunció el inicio de una jornada de movilización regional que comenzó este miércoles en el sur del país. Indicó que continuará el 18 de marzo en La Romana, el 25 de marzo en Santiago y culminará con la propuesta de un gran evento nacional frente al Congreso Nacional, junto a las centrales CNTD y CASC.

Finalmente, la entidad expresó que, si no existe voluntad para aprobar la reforma tal como fue consensuada en el proceso de diálogo, se debería retirar el proyecto y mantener vigente el Código de Trabajo de 1992, al considerar que bajo esa legislación el país ha experimentado un crecimiento económico sostenido durante las últimas tres décadas.

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