La provocación minera en el Valle

La persistencia de la empresa GoldQuest en su intento por imponer un distrito minero en la región del Valle constituye un abierto desafío a la soberanía institucional y a la voluntad del pueblo dominicano. En su reciente presentación corporativa de septiembre de 2026, la minera califica la detención de sus operaciones en el proyecto Romero —dictada por la Presidencia de la República el pasado 4 de mayo de 2026— como una simple «pausa temporal». Esta narrativa, diseñada de manera engañosa para calmar a sus inversionistas extranjeros, minimiza el firme rechazo social y pretende pasar por encima de las leyes de la República Dominicana.

El problema adquiere dimensiones alarmantes al analizar la magnitud de las ambiciones mineras en la zona. La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reveló que GoldQuest concentra 15 registros que suman 19 millones 339 mil 69 hectáreas, convirtiendo al proyecto Romero en la puerta de entrada para una explotación masiva. El impacto total es aún más severo: el Listado General de Derechos Mineros registra 37 solicitudes y concesiones en San Juan y Elías Piña, abarcando un total de 92 millones 969 mil 27 hectáreas. Evaluar estos proyectos de forma aislada es una irresponsabilidad que oculta un peligro inminente de destrucción ambiental para toda la región del Sur.

Ante esta provocación, el gobierno no puede mantener un silencio cómplice. El presidente Luis Abinader, junto a los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente, deben ofrecer una aclaración pública e inmediata sobre el alcance real de la vigilancia estatal y descartar cualquier negociación oculta. En un contexto de crisis hídrica donde el INDRHI ya reporta limitaciones por falta de lluvias en el embalse de Sabaneta, resulta inaceptable poner en riesgo las cabeceras de los ríos, el agua de consumo y la vocación agrícola de las comunidades.