SCJ ratifica condena contra el Estado y ordena pagar más de RD$10 millones por prolongada prisión preventiva injusta

Santo Domingo.– La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, confirmó la condena contra el Estado dominicano al ratificar el pago de RD$10,912,792.00 a favor de Affe Gutiérrez Gil, víctima de una prolongada prisión preventiva injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos.

El alto tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) y dejó en firme la decisión emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) el 29 de agosto de 2025, convirtiéndose esta en la indemnización más alta otorgada en la historia judicial dominicana por un caso de prisión preventiva indebida.

El equipo legal de Gutiérrez —conformado por Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco— definió el fallo como “un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado dominicano”.

Gutiérrez, por su parte, afirmó que “no hay nada material que devuelva el tiempo perdido, y aún el órgano persecutor no ha pedido disculpas por el abuso cometido”.

Un caso marcado por abusos y retaliación

El proceso contra Affe Gutiérrez se remonta a 2008, tras su matrimonio con la periodista Sarah Pepén. Ese mismo año fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a un proceso penal por homicidio, pese a la ausencia de pruebas suficientes.

En 2009 fue enviado a prisión preventiva, donde permaneció por más de dos años y medio, hasta que un testigo confesó haber sido sobornado para incriminarlo falsamente. Durante su encierro, Gutiérrez enfrentó intentos de asesinato, una huelga de hambre y el doloroso momento de ver nacer a su hija desde la cárcel.

Reparación y precedente histórico

En 2020, Gutiérrez demandó a la PGR por daños físicos, psicológicos y profesionales, reclamando RD$100 millones. El TSA determinó que el Estado actuó con arbitrariedad y abuso de poder, ordenando una reparación integral.

La Suprema Corte, al revisar el caso, concluyó que el recurso de la PGR carecía de fundamento legal, reafirmando la obligación del Estado de responder por los daños derivados de la aplicación abusiva de la prisión preventiva.

“Esta sentencia no devuelve los años perdidos, pero devuelve la honra”, expresó la defensa tras conocerse el fallo definitivo.