Adocem pide observar cambios a ley de residuos

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) pidió al presidente Luis Abinader observar la modificación a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos por considerar que afecta la libertad de empresa y crearía monopolio en lo referente a uso de combustibles de derivados de residuos sólidos nacionales.

En una carta remitida ayer a Abinader, Adocem manifestó su profunda preocupación con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de residuos sólidos que establece que “las empresas fabricantes de cemento (cementeras) tendrán la obligatoriedad de incorporar combustibles derivados de residuos sólidos nacionales como combustible alternativo en sus cadenas”.

Refieren que esa disposición condenaría al sector cemento a depender de un mercado incipiente, sin la debida supervisión estatal y que esto podría generar distorsiones, favorecer prácticas monopólicas y provocar un aumento injustificado en los costos de producción y de ese modo afectar al consumidor final.

“Todo ello impactaría negativamente la competitividad de la industria cementera nacional, así como nuestras exportaciones a precios menos competitivos y, por ente, la economía del país en su conjunto”, refiere la misiva de los empresarios al destacar que no existe ni se prevé a corto plazo, una cadena de suministro que garantice la disponibilidad de combustible alterno para uso de manera técnica y costo eficiente.

Enfatiza que en ningún país democrático con economía de mercado, se impone por ley la obligatoriedad del procesamiento en la industria cementera y que las legislaciones más avanzadas, a nivel internacional promueven esta práctica a través de incentivos, alianzas público-privadas y el desarrollo de condiciones técnicas y logísticas adecuadas para su implementación.

Compromete autonomía

Adocem afirma que esa modificación contradice la propia ley de residuos en lo relativo a la responsabilidad extendida del productor respecto a la disposición final de los residuos.

“Pretender trasladar esta obligación a la industria cementera que únicamente ofrece una alternativa viable y ambientalmente responsable al uso de vertederos, desvirtúa por completo el espíritu original de la ley”, destaca la carta donde se establece que tal imposición compromete su autonomía en virtud de que convierte a las empresas cementeras en un eslabón obligatorio de una cadena que no controlan ni originan.

Enfatiza que como entidad, han promovido activamente el procesamiento desde hace casi una década, convencidos del valor que ese proceso aporta a la gestión eficiente de los residuos y, especialmente, a la mitigación del cambio climático. “Por ello, no comprendemos la necesidad de imponer por ley una práctica que ha sido voluntariamente impulsada por nuestra propia industria con visión de sostenibilidad y compromiso con el país”, enfatiza.

La entidad explica que el uso de combustibles derivados de residuos no es un proceso tan sencillo como pudiese pensarse, pues no todos los residuos materiales pueden ser coprocesados en la industria cementera, lo que implica un cuidadoso proceso de selección para asegurar que cumple con las especificaciones externas e internas a fin de evitar factores que pudieran generar un impacto ambiental sobre la operación de un horno, la calidad del producto final, así como lo relativo a la seguridad y salud ocupacional.

Otras modificaciones en la legislación

“Solicitamos, respetuosamente, en el marco del proceso que corresponde al Poder Ejecutivo, observar esta modificación de la Ley 225-20 tomando en cuenta nuestras observaciones y que el resultado se realice bajo criterios técnicos, participativos y con una visión de sostenibilidad realista, que permita a todos los sectores cumplir sus responsabilidades ambientales sin comprometer su operatividad, ni vulnerar derechos fundamentales”, pide Adocem.

A principios de este año el Senado declaró de urgencia la modificación a la Ley de residuos sólidos. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de diputados la semana pasada, en un sesión en la que se hicieron modificaciones que obligaron a reenviar la pieza a la Cámara Alta para revisión de los cambios.

Entre los cambios aprobados por los Diputados figura el artículo 154 que dispone que los foam se biodegraden en un 20 % el primer año y el 90 % en cinco años.

Además, la ley establece que solo se permitirá un vertedero por provincia y, en cuanto a las procesadoras, solo habrá una por cada 10 regiones ubicadas en un radio de 70 kilómetros, salvo la región Ozama, que es la más poblada.